Las 500 a Pánfilo Patricio – “Los servicios deficientes del gobierno, son caldo de cultivo para las prácticas desleales que perjudican al ciudadano”
Por: Boris O. Núñez V.
Los servicios que debe brindar el Estado como los bancarios, públicos (telecomunicaciones, energía eléctrica), mercadeo agropecuario, seguro agropecuario, educación, salud (farmacias, consultas especializadas, hospitalarias), entre otros, tal como se brindan con las condiciones de normativas legales vigentes, propician prácticas consideradas desleales, hacia el usuario, cliente y ciudadano, en el mercado libre de la oferta y demanda.
Cuando un cuentahabiente del Banco Nacional de Panamá, por ejemplo, utiliza el servicio de la banca en línea de esta entidad, y se encuentra con que la plataforma está constantemente en mantenimiento o limitada para realizar cierto tipo de transacciones, resulta que su diseño no es para ofrecer un servicio mejor y más amigable de aquel que se ofrece en cualquier otro servicio similar del resto de las entidades bancarias del sector privado. Comparativamente, el servicio de banca móvil del principal banco del Estado, es un ejemplo de cómo se moderniza una institución estatal, no al mismo nivel que el resto de la oferta bancaria local, si no con dos o tres pasos atrás, para que no represente una natural competencia.
Cada vez que un usuario de los servicios de energía eléctrica o de telecomunicaciones, requiere presentar una queja o reclamación ante la Autoridad de los Servicios Públicos, el nivel de agotamiento y desgaste que padece el ciudadano es de tal magnitud que termina sin concluir su trámite de reclamo o en el mejor de los casos lo concluye a expensas de pérdida de tiempo de trabajo y calidad de vida. Simplemente el marco legal para la atención de quejas y reclamos al que se ajustan las empresas que ofrecen estos servicios públicos, está diseñado de tal forma que le brinda una ventaja abismal a la empresa que debería ser supervisada y fiscalizada por el gobierno, pero al contrario los parámetros de supervisión son tan laxos y flexibles que van en detrimento del usuario y extremadamente ventajosos para las compañías, propiciando con ello un oligopolio desde las débiles estructuras del Estado.
Ya es muy reiterado que cuando los servicios públicos de salud o de educación son deficientes o inexistentes, la única alternativa con que cuenta el ciudadano es forzadamente recurrir a la oferta privada de los mismos, encontrándonos como ya resulta un hecho notorio, el encarecimiento exorbitante de precios a fin de encontrar calidad en dichos servicios. Todo aparentemente fraguado desde un mastodonte estructural, cuyo pilar es el entramado legal que parte desde principios constitucionales que protegen la no intervención directa del Estado, si no más bien de un limitado “facilitador” en la estructura económica del país, que en muchas ocasiones se le esquina en un tímido rol de “observador”.
Las distorsiones que podemos observar en estos ejemplos como en muchos otros más son ocasionadas, desde nuestra opinión, por dos factores básicos: el desconocimiento de la ciudadanía en cómo nos afectan las decisiones de políticas públicas orientadas al bienestar económico de la población total del país y del oportunismo acaparador de las estructuras élites en la economía nacional que acaparan los espacios en la producción, generación y desarrollo de los factores de producción.
El Estado, sin distorsionar con un mal servicio, y desde un rol dinámico, humanista y garante, debe incidir para que todos los actores en la cadena de factores de producción, dentro de la economía nacional, participen en condiciones de igualdad y justicia.
“Vive honestamente, sin hacerle daño a nadie y dándole a cada uno lo suyo”.
(Este artículo es responsabilidad de su autor).
