Las 500 a Pánfilo Patricio – Manifiesto del Cambio 25: “La metástasis de la corrupción traslapa las decisiones electorales y políticas”
Por: Boris O. Núñez V.
“No debemos permitir que la corrupción progrese en Panamá”. Esta declaración la brinda Mari Carmen Aponte, tras su reciente ratificación por parte del Congreso de los Estados Unidos de América, como embajadora de su país en nuestro territorio.
La corrupción en Panamá es como una metástasis que se propaga por todo el cuerpo social, sin saber con exactitud en cuál de sus órganos se origina.
Nuestros Órganos del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por donde los miremos, son altamente cuestionados por tantos escándalos y acusaciones de corrupción que sobre éstos pesan. Sin embargo, la propagación de este flagelo, hacia o desde estas instituciones de gobierno, debe ser sometida a una reflexión profunda por parte de cada uno de nosotros los ciudadanos.
Es que cada panameño, de cualquier manera, mantenemos una relación directa o indirecta con nuestras instituciones del Estado. Ya sea que demandemos los servicios que las entidades de gobierno están en la obligación de proveernos o que instemos a los servidores públicos que ejecutan dichas acciones para resolver y solucionar las necesidades que demandamos como ciudadanos. Todo inicia y termina, con el nivel de cultura ciudadana y conciencia honesta que practiquemos en cada labor que realicemos.
A modo de ejemplo, podemos observar que una de esas labores de entre servidores públicos y ciudadanos que en conjunto se demanda, fue el momento crucial de esta semana, en el cual se profiere el Fallo del Tribunal Electoral, del día 27 de septiembre del presente año. A raíz esta decisión, ahora se cierne sobre esta institución clave para el sostenimiento de la vida democrática y republicana del Estado panameño, muchas preocupaciones y cavilaciones de si resulta ser el último bastión institucional al cual la metástasis de la corrupción aún no ha penetrado.
Es preocupante sospechar, que días antes a la decisión del Tribunal Electoral, de declarar una supuesta violación al principio del debido proceso en el caso relativo a la expulsión y revocatoria de mandato de los 15 diputados de Cambio Democrático, sean estos mismos diputados rebeldes del colectivo del magenta y turquesa, quienes con un discurso altanero y desafiante respaldasen y no se opusiesen a la decisión del Ministerio de Economía y Finanzas y de la bancada de gobierno, de recortar el presupuesto de la máxima corporación electoral. Con esta medida, se afecta principalmente el Plan General de Elecciones para el 2024, forzando así un escenario de urgencia notoria, entre pujas y repujas a lo interno de la Asamblea Nacional de Diputados y del Órgano Ejecutivo, para que así finalmente se logre, bajo mucha presión, la aprobación del presupuesto solicitado por el Tribunal Electoral, para la próxima vigencia fiscal del 2023.
¿Por qué el Tribunal Electoral no comenzó el análisis del proceso de expulsión por el fondo de la controversia, y recurre a los tecnicismos de la forma, que en algunos de los casos podrían ser subsanables, sin poner en riesgo el contexto de fondo?
La corrupción que tenemos que combatir todos, no solamente consiste en si un servidor público se roba nuestra plata, aún cuando haga obras, o que cada vez un funcionario electo por la confianza del votante, se aproveche de la vergonzosa oportunidad de la rebusca y del que hay pa´ mí. Corrupción también debe ser considerado cuando hombres y mujeres abusan de su poder institucional para así viciar las decisiones que deberían ser proferidas libres, y de cualquier apremio o temor razonable.
“Vive honestamente, sin hacerle daño a nadie y dándole a cada uno lo suyo”.
(Este artículo es responsabilidad de su autor).
