Las 500 a Pánfilo Patricio – Manifiesto del Cambio 27: “El vínculo político y peligroso entre el Ejecutivo y la CSJ para el 2024”
Por: Boris O. Núñez V.
El pasado lunes 24 de octubre del presente año, la Corte Suprema de Justicia designó al nuevo magistrado del Tribunal Electoral. Esta noticia no resultaría notoria si al día siguiente, el Presidente de la República no hubiese procedido de inmediato a designar al último Magistrado pendiente de ser escogido en el Órgano Judicial.
En cualquier otro país, estas coincidencias quizás no levanten sospechas ni extrañezas. Sin embargo, no convivimos ni en el primer mundo europeo, ni hemos aprendido del pragmatismo norteamericano y mucho menos compartimos la emergente madurez que demuestran algunas de nuestras naciones vecinas de la región de centro y sur américa.
De acuerdo a nuestra Constitución Política de la República de Panamá los Magistrados del Tribunal Electoral, de manera escalonada deben ser nombrados por el Órgano Ejecutivo, por medio del Presidente de la República, por la Asamblea Nacional y el último por la Corte Suprema de Justicia. También la propia excerta constitucional faculta al primer obrero de la nación a proceder a designar a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, y si tomamos de referencia el momento actual, se procedió a nombrar el último cargo pendiente de designación por parte del Ejecutivo, para este quinquenio 2019-2024.
El escenario político en el fragor de este tiempo se torna muy complejo y lleno de incertidumbres. Luego de superar sanitariamente la crisis generada por la pandemia del Covid-19, el resquicio de este evento convulsivo es una crisis económica, financiera y laboral única en su especie y exacerbada por la notoria falta de un plan de reactivación económica, de un reajuste austero en el gasto público y la descuidada gestión de las finanzas públicas instada por un endeudamiento desmedido.
En el 2024 serán las próximas elecciones generales en donde se escogerá a un nuevo Presidente de la República, una nueva Asamblea Nacional, se deberá renovar todo los cargos del régimen municipal, incluyendo a Alcaldes y Representantes de corregimiento; y lo que se observa en el plano político, desde la percepción generalizada es que esta administración perrediana, se ha caracterizado por enraizar el clientelismo de sus huestes partidarias en la gran estructura gubernamental, a punta de nombramientos y tráficos de influencias que solo han beneficiado a sus más cercanos círculos de poder.
La ciudadanía que no forma parte de ese esquema piramidal, de las cúpulas clientelares de las actuales dirigencias del gobierno y que han secuestrado a la meritocracia y la transparente administración pública, debe encender la luz de alerta ante posibilidad cada vez más cercana del asalto irruptor e ilegítimo de los espacios de poder en el 2024 que pretenden perpetuar la deshonrosa e incapaz administración Cortizo.
El nuevo magistrado del Tribunal Electoral procede de las entrañas del partido de gobierno en turno, y la Corte Suprema de Justicia no invirtió ningún esfuerzo en disimular que no existe el tal principio de la separación de poderes. Sucumbe desatinadamente, al nombramiento puramente político, y desaprovecha una valiosa oportunidad de impedir que la mediocridad que nos gobierna se perpetúe en el poder.
Nada es casual en este país, y el hecho que en la misma semana se haya materializado las designaciones cruzadas de ambos magistrados, sienta un lamentable augurio en el escenario electoral y agrava la crisis institucional que pesa sobre el Tribunal Electoral, por lo que hay que estar muy alerta.
“Vive honestamente, sin hacerle daño a nadie y dándole a cada uno lo suyo”.
(Este artículo es responsabilidad de su autor).
