Más prudencia y cero pifia.
Hay momentos en la vida que es prudente no realizar alguna acción que, aunque parezca buena o legal, genera la percepción de ser una pifia o un bandidaje. Este ejercicio de intuición es guiado por la virtud de la prudencia entendiendo ésta como “… el juicio de acuerdo con criterios rectos y verdaderos, ponderando las consecuencias favorables y desfavorables tanto para sí como para los demás antes de tomar una decisión…”.
Durante esta semana mucho revuelo e indignación ha causado la noticia de que una diputada de la nación, que se autocalifica como “pobre hija de pescador”, pero en los corrillos ya es conocida como la diputada “que hay pa mí”, fue beneficiada con la titulación legal e imprudente de derechos posesorios de más de 20 hectáreas, pagando la irrisoria suma de más o menos B/. 120.00.
Hay que distinguir entre el comportamiento ético, moral y legal en la que basamos la mayoría de nuestras decisiones en nuestras vidas, y sobre todo en la vida política como servidor público electo por el pueblo. El cumplimiento del principio de legalidad en un Estado de derecho es lo que esperamos en el comportamiento de todos los servidores públicos, porque representa la seguridad ante la ciudadanía, de que la nación está siendo administrada con la diligencia de un buen padre de familia. Sin embargo, lo legal no siempre resulta ser moral, ético ni justo, sobre todo cuando las conductas de quienes deberían de dar un ejemplo de prudencia, humildad y probidad, se alzan con voces llenas de arrogancia y soberbia.
La titulación de derechos posesorios está regulada por normativas como la Ley No. 80 de 2009, que reconoce los derechos posesorios y su titulación y la Ley No 59 de 2010 que crea la Autoridad Nacional de Tierras, estableciendo el marco regulatorio de la titulación y adquisición de tierras estatales, nacionales, municipales, indígenas o colectivas, a las cuales deberían tener las mismas oportunidades de poder titular sus tierras, todos los panameños sin distingo de clase política.
En la realidad estamos observando que algunos actores en este gobierno afines a las pretensiones de perpetuarse en el poder, para seguir repartiéndose los bienes de la nación, están perjudicando el derecho que tenemos todos los panameños, a percibir un pago justo y decente por nuestras tierras. Muchos panameños de estratos humildes y que no tienen los tentáculos políticos como los de los diputados “que hay pa mí”, no reciben la orientación honesta, sana y diligente, para poder salir del círculo de la pobreza, haciendo una buena gestión de sus tierras. Son víctimas secuestradas por la alevosía de quienes con el olfato de un coyote depredador se aprovechan de sus carencias y falta de conocimiento.
Podrá ser muy legal la titulación de estos derechos posesorios, pero en un contexto de aprovecharse de la vulnerabilidad que genera la pobreza en estas zonas rurales como de Capira y otros distritos similares, es un acto de pifia, bandidaje y burla a la población honesta, auténtica y digna de nuestros campesinos.
De ahora en adelante observemos el comportamiento de nuestros políticos y si actúan con la prudencia que se necesita para ser servidor público electo por el pueblo.
“Vive honestamente, sin hacerle daño a nadie y dándole a cada uno lo suyo”.
