Las 500 a Pánfilo Patricio – Manifiesto del Cambio #54. Las becas y auxilios económicos no son premios.
La libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, que tiene todo ciudadano para su formación educativa, para ejercer un rol de veedor o fiscalizador del manejo de los fondos públicos o simplemente para entretenimiento, deben practicarse bajo el paraguas del decoro y la prudencia.
Desde hace varios meses la opinión pública ha estado recibiendo información abrumadora, descontrolada y en muchas ocasiones parcializada, dirigida con fines electorales. Lamentablemente, y dentro del campo de las sospechas y suposición, este desborde de informaciones, mal manejado, ha podido ser el detonante de la delicada situación de salud de la reconocida y respetada periodista Delfia Cortes (q.e.p.d), a la cual le ha podido costar la vida.
Se está popularizando a través de plataformas no tradicionales de comunicación, redes sociales (Instagram, Whatsapp, Tik Tok, y otros), el consumo ansioso e irracional de cualquier tipo de información que en muchas ocasiones está fuera de los contextos de la realidad y veracidad completa.
A modo de reflexión, el desborde mediático que se está proliferando con respecto a los llamados auxilios económicos que dispensa el Instituto para la Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano (IFARHU) y que han sido objeto de una especie de cacería de brujas, de cualquier figura política o candidatos a puestos de elección popular, merece hacer un alto en el camino y analizarlo de manera crítica.
Los auxilios económicos no son nuevos de esta administración gubernamental, y aunque reina la percepción de que se han festinados y derrochados estos recursos de forma inmoral, este tipo de asignaciones financieras fueron definidos desde la Ley 1 de 1965, que creó el IFARHU.
Lo que antes ocurría, pero que la actual administración ha ignorado y abusado olímpicamente, es que en el pasado predominaba el criterio de que este tipo de ayudas económicas debían estar condicionadas a “ser un programa que asegurase en el mercado nacional un adecuado equilibrio entre la oferta y demanda de profesionales de distinta índole de acuerdo con un plan de desarrollo económico y social del Estado”.
Hoy en día se ha perdido ese principio, y tanto los servidores públicos que gestionan estos recursos como también los aspirantes a auxilios y becas, se han acostumbrado al reducido criterio de “premiar” la ponderación académica (notas) y del autoproclamado derecho del mérito.
El criterio del rendimiento académico no está mal, pero no debe ser el más preponderante. El Estado panameño, requiere en primer lugar, redefinir que tipo de sociedad queremos reconstruir. Cuáles deben ser las principales actividades económicas y sociales que se necesitan para modernizar el Estado, y así destinar inteligentemente esos recursos a necesidades profesionales puntuales.
Si se quiere denunciar, que los auxilios económicos no se están dirigiendo a las personas adecuadas, es porque se tiene identificado cuales son las profesiones que necesitamos para un desarrollo nacional, y habrá casos en que se está “premiando” estudios que el Estado no ha priorizado. El afán mediático no debe caracterizar esta cacería de brujas.
Todo panameño y panameña, tiene derecho a educarse y de contar con el apoyo del Estado para su formación. Pero es deber de la autoridad y del servidor público de delimitar y priorizar las necesidades de profesiones que se requieren y que deben ser respaldadas con los auxilios económicos, para responder a un Plan de Desarrollo Nacional y de equilibrio dentro del mercado laboral.
Las becas y los auxilios económicos no deben ser tratados como premios. Esto tiene que cambiar.
“Vive honestamente, no le cause daño a nadie y dele a cada uno lo suyo”.
