Modernizan y presentan la Gaceta Oficial con un sistema de datos abierto
Panamá, 16 de octubre de 2024.- Revisten de una mejor política de acceso público, al principal órgano de publicación del Estado, la Gaceta Oficial, con un formato de datos abiertos, que deberá renovarse cada seis mes; propuesta legislativa No 29, votada en tercer debate.
Tal objetivo está referenciado en el Proyecto de Ley No. 29; que modifica y adiciona artículos a la Ley 53 de 2005, que dicta normas para la modernización de la Gaceta Oficial sobre publicación de textos únicos.
La norma aprobada tiene su fortaleza en facilitar a la población la búsqueda actualizada de leyes o decretos, que sean de interés público, facilitando la tarea de investigación de manera rápida, sencilla y con claridad de las versiones vigentes en formato editables. Al igual, de las actas del Consejo de Gabinete.
El concepto datos abiertos es una filosofía y una práctica que persiguen que determinados tipos de información estén disponibles de forma libre para todo el mundo, sin restricciones de derechos de autor, patentes u otros mecanismos de control.
Desde este formato de políticas internacionales, se implementa, moderniza y adecua a este órgano de publicidad del Estado todas las leyes, los Códigos Nacionales, los decretos ley, los decretos y las resoluciones expedidas por el Consejo de Gabinete o por el Órgano Ejecutivo.
EL ÓRGANO JUDICIAL E INSTITUCIONES PÚBLICAS SERÁN APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN
El articulado establece que todas las instituciones del sector público del Estado remitirán a la Gaceta Oficial, las publicaciones, de manera digital, de textos únicos y compilaciones de todas las leyes, códigos, fallos de inconstitucionalidad, decretos, reglamentos y resoluciones, que sean propios de su competencia, para su publicación, que deberá actualizarse cada seis meses.
Otra de las innovaciones destaca que la Gaceta Oficial deberá establecer un marginal o un aviso que indique el estatus jurídico de aquellas normas que hayan sido modificadas, derogadas, subrogadas o declaradas inconstitucionales, previa certificación emitida por la Procuraduría de la Administración.
