Las 500 a Pánfilo Patricio – Manifiesto del Cambio #77. ¿Convertir el Canal de Panamá en un cuello de botella?
Desde que fue proclamado, por segunda vez, como presidente electo de los Estados Unidos de América el Señor Donald Trump, en Panamá se ha cernido sobre la opinión pública la preocupación mezclada con indignación, de las intenciones que ha manifestado tan ilustre personaje, sobre que el Canal de Panamá vuelva a estar bajo el control y poder de la administración estadounidense.
Pareciese que esa idea es justificada por su próximo Secretario del Departamento de Estado, el señor Marcos Rubio, quien ha declarado: “… si bien técnicamente la soberanía sobre el canal no ha sido entregada a una potencia extranjera, en realidad una potencia extranjera posee hoy, a través de sus compañías, que no son independientes, la capacidad de convertir el Canal en un cuello de botella en un momento de conflicto…”.
Es de obligatorio interés discernir que a lo que se refiere el ex senador Rubio, se relaciona con la Concesión para el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de las terminales portuarias de los puertos de Balboa y Cristóbal, que se aprobó a través del Contrato Ley entre la República de Panamá y la Sociedad Panama Ports Company, S.A. y en aquel momento en que se aprobó esta concesión, dicha sociedad representaba los intereses de compañías extranjeras cuyas sedes se ubicaban en Hong Kong y el Reino Unido.
¿Es razonable, conforme esta concesión, la amenaza de que el próximo gobierno estadounidense retome el control del Canal de Panamá?.
A la luz del cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter, el de a perpetuidad, extinguido en 1999 y los que comenzaron a regir a partir del año 2000, dichas amenazas poco asidero encuentran en el derecho internacional, salvo aquella sentencia que nos coloca bajo el paraguas del Pentágono.
Pero la preocupación de “convertir el Canal en un cuello de botella en un momento de conflicto”, en el caso de la Concesión aprobada mediante Ley No. 5 de 1997, en el gobierno PRD del ex presidente Ernesto Pérez Balladares, sí existen dudas razonables para tales preocupaciones norteamericanas.
Dichas dudas son razonables a partir del estudio del contrato ley que, a lo largo y ancho de su redacción, no cabe vacilación alguna de que lo que aprobó la Asamblea Nacional de aquel entonces y sancionada por aquel Presidente, no es más que un nuevo enclave económico, en manos extranjeras, con más potestad y discrecionalidad, en perjuicio de la República de Panamá y, en poder del consorcio. El Estado panameño prácticamente cedió el ejercicio de su soberanía sobre el territorio que confluyen los límites de dicha concesión, a cambio de regalías y derechos que no compensan el sacrificio que se ha asumido.
A modo de reflexión, resultado de una lectura diligente, y dentro del contexto en que nos ubican las amenazas del próximo gobierno estadounidense y el marco jurídico vigente sobre nuestras terminales portuarias, lo que se puede sugerir es que de intensificarse el maremoto de señalamientos hostiles desde Estados Unidos, se garantice por parte del Gobierno panameño, la voluntad firme, de que en caso de fuerza mayor (conflictos) en la que Panamá Port Company, S.A. no pueda ejercer control razonable sobre el cumplimiento de sus obligaciones, conforme lo establece el contrato ley, entonces queda cumplir con la terminación del contrato por parte del Estado panameño.
Vive honestamente, no le cause daño a nadie y dele a cada uno lo suyo”.
