Sala Tercera de la Corte Suprema admite Recurso de Nulidad contra elecciones en la UMIP
Panamá, 06 de marzo de 2025.- La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia admitió un recurso de nulidad contra las recientes elecciones de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), lo que representa un golpe significativo para un proceso electoral que ha sido objeto de reiteradas denuncias por serias irregularidades y presuntos delitos.
En dichas elecciones, el señor Víctor Luna Barahona resultó electo, a pesar de las múltiples denuncias que señalan irregularidades graves, faltas administrativas e incluso presuntos delitos cometidos durante el proceso.
El recurso, interpuesto por el abogado Alejandro Arias, argumenta que el proceso electoral estuvo plagado de deficiencias que afectan tanto la transparencia como la legalidad del mismo.
Según el recurso, el proceso electoral ha estado marcado por una serie de irregularidades graves, lo que ha motivado la presentación de la demanda de nulidad, basada en tres aspectos fundamentales que involucran acciones de Luna Barahona. Estas acciones no solo afectaron la transparencia del proceso electoral, sino que también cuestionan la legalidad de su candidatura y la integridad de la universidad.
El primer punto de la nulidad se refiere al incumplimiento de los requisitos de especialización requeridos para el cargo. Aunque Luna Barahona cuenta con una especialización en docencia superior, no posee la especialización en ciencias náuticas o marítimas, que, según el anterior Procurador de la Administración, Rigoberto González, son requisitos fundamentales para ocupar dicho cargo precisamente por ser en una universidad especializada en temas marítimos. Esta falta de especialización plantea serias dudas sobre la idoneidad de Luna Barahona para desempeñar el puesto.
En cuanto a la separación del cargo, el Consejo Superior de la UMIP, en primera instancia, le ofreció a Luna Barahona la opción de auto separarse debido a las irregularidades detectadas. De hecho, Luna Barahona, le hizo creer al Consejo Superior que él había aceptado esta opción. Sin embargo, en la práctica, el señor Luna Barahona no se separó del cargo, sino que optó por ausentarse de la universidad con excusas y trabajar desde la distancia.
Esto impidió que la persona designada asumiera el cargo de manera efectiva, lo que evidenció una falta de obediencia y un acto de rebeldía por parte de Luna Barahona. Ante esta situación, la Ministra de Educación, Lucy Molinar, se vio obligada a convocar una nueva reunión del Consejo Superior el 4 de diciembre de 2024, en la que, por voto mayoritario, se decidió finalmente su separación obligada, a solo un día de las elecciones. No obstante, su reemplazo no pudo asumir el cargo hasta el 10 de diciembre, lo que significa que Luna Barahona ejerció como rector en propiedad antes, durante y después del proceso electoral.
A pesar de su separación formal el 4 de diciembre, el señor Luna Barahona continuó ejerciendo su poder como rector en propiedad durante todo el tiempo en que supuestamente estaba separado. Este ejercicio de poder, muestra una clara maniobra de control y manipulación que contraviene las decisiones del Consejo Superior y la normativa institucional.
El segundo aspecto al que se refiere la nulidad son las maniobras del candidato y rector Luna Barahona para controlar y manipular el proceso electoral. Se argumenta que, durante todo el proceso, el candidato actuó como una «fuerza invisible», ejerciendo un control sobre la elección mediante estrategias que alteraron el desarrollo del proceso, favoreciendo sus propios intereses. Esta intervención distorsionó la imparcialidad que debe caracterizar a un proceso electoral y comprometió su transparencia.
El tercer punto aborda la alteración del calendario electoral. Durante el proceso, se modificaron fechas y plazos sin una justificación clara y sin el conocimiento del Consejo Superior, como lo exige el Estatuto de la UMIP, lo que generó confusión y desajustes en las etapas del proceso electoral. Esta distorsión en el calendario electoral refleja un intento de manipular el marco temporal para beneficiar la candidatura del señor Luna Barahona, violando las normas que deben regir un proceso electoral imparcial.
En conjunto, estas acciones muestran una falta de respeto por las normativas y un intento de manipular el proceso electoral para beneficio personal. La serie de irregularidades, desde la falta de especialización hasta la manipulación del proceso y la continua presencia de Luna Barahona en el cargo, socavan la legitimidad del proceso electoral y la transparencia de la gestión universitaria.
Esta situación resalta la necesidad urgente de revisar las normas y garantizar que los procesos futuros sean verdaderamente justos y transparentes.
El Comité Electoral Universitario ha sido criticado por su presunta parcialidad, ya que desde el inicio se evidenció una estructura que favoreció a Luna Barahona, dejando de lado criterios objetivos e imparciales.
La falta de participación estudiantil en las decisiones del Comité Electoral agrava aún más la situación. Aunque la normativa establece que dicho Comité debe integrar a docentes, administrativos y estudiantes, la ausencia de representantes estudiantiles en dicho comité y la baja participación de estos en las elecciones han generado descontento y sospechas de manipulación.
A esto se suma que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Anticorrupción, ha iniciado investigaciones por presunto delito contra la fe pública, como la falsificación y alteración de documentos públicos, y actualmente se investigan a tres miembros del Comité Electoral.
Las próximas decisiones judiciales serán cruciales para determinar si se revierte el resultado de las elecciones y se restablece la transparencia en los procesos internos de la universidad. La admisión del recurso reafirma el principio de legalidad y la función del control jurisdiccional sobre los actos administrativos, especialmente en el ámbito de los procesos electorales de instituciones públicas universitarias en Panamá.
Es relevante destacar que el magistrado encargado de sustanciar la causa es Carlos Vázquez. Su intervención en la revisión de los aspectos legales del proceso electoral confiere al análisis una mayor rigurosidad, garantizando que se evalúen todos los elementos de forma exhaustiva y objetiva. La figura del magistrado Vázquez es crucial en este proceso, ya que su criterio determinará en gran medida el camino a seguir para restablecer la legalidad y la transparencia en la administración universitaria.
Si se declara la nulidad de la elección, no solo se abrirá la posibilidad de convocar nuevas elecciones, sino que también se enviará un mensaje contundente sobre la necesidad de adherirse a los principios de transparencia y equidad en todos los procesos electorales de las instituciones públicas.
La relevancia de este proceso radica en su potencial para sentar precedentes en la supervisión judicial de procesos electorales de universidades oficiales y en el fortalecimiento de la transparencia y la legalidad en las instituciones públicas del país.
