Contraloría auditará licitaciones de la UMIP por presuntos sobrecostos millonarios
Panamá, 19 de agosto de 2025.- La Contraloría General de la República llevará a cabo una auditoría integral en la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), sobre dos polémicos procesos de licitación que, en conjunto, representan un presunto sobrecosto de más de un millón 200 mil dólares.
Las licitaciones fueron adjudicadas, de manera directa, a la empresa JAM Marine Dockyard S.A.
Este anuncio constituye una respuesta directa a las solicitudes presentadas por el Grupo ProDefensa UMIP.
Las denuncias giran en torno a contratos de mantenimiento y suministros al Buque Escuela Atlas III de la UMIP, así como al ensamblaje de dos grúas. Dicho buque, considerado un activo estratégico para la formación de cadetes, se ha convertido en el epicentro de un escándalo financiero que ha generado preocupación dentro y fuera de la institución.
La Contraloría, en nota del pasado 28 de julio, firmada por el subcontralor, Eli Felipe Cabezas, confirmó a los denunciantes la apertura de las investigaciones, sin precisar un calendario.
La primera auditoría se enfocará en el contrato adjudicado de manera directa a la empresa JAM Marine Dockyard S.A. para el mantenimiento y suministros del Buque Escuela Atlas III. Este contrato, por un monto de B/. 1,905,550.05, ha generado un profundo cuestionamiento debido al presunto sobrecosto de más de un millón de dólares. A pesar de la considerable inversión, la embarcación, entregada a principios de 2025, permanece inoperativa y fondeada en el área de Amador, con graves daños en sus sistemas de navegación.
Lo anterior genera suspicacias en toda la industria marítima y la comunidad UMIP, porque en esas condiciones el rector Víctor Luna Barahona, no debió recibir la embarcación.
Según la denuncia, la licitación se estructuró para realizar los trabajos en un dique seco, una técnica que justifica costos más elevados. No obstante, la empresa contratada, JAM Marine Dockyard S.A., solo ofrece servicios de varado en playa, una modalidad significativamente más barata y técnicamente inferior.
Esta situación ha despertado serias dudas sobre la legalidad y transparencia del proceso de licitación, ya que la diferencia de costos entre ambos métodos puede ser de hasta un 70%, según expertos del sector.
La situación se agrava al considerar que, al ser entregado para el mantenimiento, el Buque Atlas III no presentaba los problemas de navegabilidad que tiene hoy, lo que ha puesto en tela de juicio la calidad de los trabajos realizados y el uso de los fondos públicos.
En esencia, después del gasto el buque Atlas ha quedado como un centro de turismo academico sin posibilidades de navegar.
El Grupo ProDefensa UMIP ha calificado patrón de los procesos de licitación como un “indicio claro de irregularidades administrativas y financieras” y ha enfatizado la necesidad de proteger a la UMIP de intereses que desvirtúen su misión.
Adicionalmente, la Contraloría auditará un segundo contrato, también otorgado a JAM Marine Dockyard S.A., para la instalación de dos grúas en el mismo buque, por un monto de B/. 255,000.00.
Esta licitación, es sospechosa de tener un sobrecosto de más de B/. 170,000.00.
La denuncia prestada detalla que las grúas fueron compradas en 2019 por un valor total de B/. 96,000.00, y su instalación inicial se había cotizado en B/. 68,000.00. Sin embargo, cuatro años después, bajo la gestión del rector Víctor Luna Barahona, el costo de instalación se disparó a B/. 250,000.00, es decir, más de cuatro veces el valor original.
Un análisis técnico ha determinado que el costo real de estos servicios no debería exceder los B/. 74,000.00, dejando una diferencia de B/. 176,000.00 sin justificación aparente.
Las dudas sobre esta adjudicación se intensifican, ya que JAM Marine Dockyard S.A. se especializa en desguace y varado en playa, lo que cuestiona su idoneidad para un proyecto de esta naturaleza.
La falta de justificación técnica para el drástico aumento de precios y la ausencia de otros oferentes en un proceso de licitación directa sugieren una posible falta de transparencia.
El patrón de adjudicaciones a la misma empresa, JAM Marine Dockyard S.A., bajo la administración del rector Víctor Luna Barahona, ha generado fuertes cuestionamientos tanto en la comunidad académica como en el sector marítimo conocedor de los costos vinculados tanto al mantenimiento como al ensamblaje de grúas.
La documentación que respalda las denuncias es extensa e incluye desgloses detallados de precios, cronogramas de ejecución, y comparativos que revelan una posible manipulación en los valores.
