Las 500 a Pánfilo Patricio
Por: Boris O. Núñez V.
El 30 de septiembre de 2021 a muchos pánfilos panameños les llegó el día de las horas más oscuras de su situación financiera, en medio del Estado de Emergencia que se ha mantenido desde marzo de 2020. Fue el tiempo en el que acabó la flexibilización bancaria concedida por la Asociación de Bancos de Panamá (ABP), respaldada por el Gobierno Nacional.
A raíz de la aprobación de la Ley 156 de 2020 muchas fueron las personas afectadas por la crisis económica causada por la pandemia COVID-19. Muchos panameños quedaron cesantes por motivos de contratos suspendidos o despidos, trabajadores independientes en medio de restricciones de movilidad para desarrollar las actividades económicas y comerciantes que vieron mermar el movimiento comercial de sus negocios.
Es ahí que luego de vencerse el periodo que estableció esta normativa (30 de diciembre de 2020), el gobierno nacional pacta un “acuerdo” con la ABP para extender el periodo de flexibilización, como un acto de concesión unilateral, hasta el 30 de septiembre de 2021. Un acuerdo que debieron pactar deudor y acreedor sin ningún tipo de auxilio o intermediación neutral estatal entre ambas partes, y también en ausencia de un equilibrio de poder entre pares desiguales.
Para todo panameño deudor afectado por la pandemia, sus acreedores debieron establecerle, de común acuerdo con él, los mecanismos necesarios, y prácticamente impuestos para que éste pudiera refinanciar o prorratear sus compromisos. ¿Con cuál asistencia? ¿Cuál orientación? ¿Cuál apoyo?. Pelea de tigre con burro amarrado.
Sin embargo, esta realidad le sigue apuntando al gobierno el conteo regresivo hacia un previsible estallido social, dentro un contexto subestimado que incluye aproximadamente 300 mil préstamos entre los bancos de la localidad que requieren alguna reorganización, con más de 100 mil contratos de trabajo suspendidos y miles de miles de panameños que han perdido su empleo y debaten su supervivencia en medio de la informalidad.
Mientras que un considerable segmento de ese universo de personas afectadas por la pandemia, los comerciantes, lograron la aprobación de una norma especial como la Ley 212 de 2021, que tiene la finalidad de proteger el crédito, los acreedores y promover la recuperación y la conservación de las empresas a través de un plan de reorganización.
Las personas naturales comerciantes y sociedades mercantiles, que son quienes se constituyen en fuentes generadoras de empleo y de recursos económicos, son las que impulsan la economía basada en nuestros créditos y obligaciones. Se organizaron mucho mejor y definieron en una hoja de ruta la ley que fijó parámetros mínimos y objetivos para establecer un mecanismo seguro y en igualdad de condiciones para enfrentar de manera colaborativa la situación de cesación de pagos, de insolvencia inminente o de falta previsible de liquidez.
Fue una acción mancomunada entre legislativo y ejecutivo dirigida a respaldar atinadamente a un sector de la población, proveyéndole de herramientas precisas y claras, que brinda un futuro de certeza y seguridad, visión que no la pueden percibir los miles y miles de panameños que están a la deriva en un mismo océano de incertidumbre.
Si el Gobierno Nacional y la Asamblea de diputados hubiesen tomado decisiones integrales y compartiendo una misma cosmovisión, la reactivación económica no seguiría siendo una ficción para la mayoría de los panameños. Ha sido una misma situación de estado de emergencia nacional abordado con estrategias desiguales.
“Vive honestamente, sin hacerle daño a nadie y dándole a cada uno lo suyo”.
(Este artículo es responsabilidad de su autor)
