¿Quiénes están detrás de los ataques sistemáticos por acabar con Panamá?
La recién publicada nota periodística denominada Pandora Papers, intenta vincular a Panamá, con una serie de acciones que, al panameño común, que no maneja los temas financieros y bancarios internacionales, puede confundirlo. La realidad es otra: Se trata de ataques sistemáticos para acabar con la seguridad jurídica, la seguridad de un sistema bancario sólido, y en la mayoría de los casos, intentar desprestigiar a Panamá, que por sus facilidades como país de tránsito, resulta atractivo para la inversión y los buenos negocios.
Hay que reconocer que desde el escándalo mal llamado PanamáPapers, nuestro país ha estado realizando esfuerzos por cumplir con normas internacionales, lo cual es sustentable al conocer que de un total de 750,000 sociedades panameñas que habían registradas, más de la mitad fueron eliminadas del registro por no cumplir con los estándares necesarios a las nuevas legislaciones y se está intercambiando información bancaria con las autoridades de 76 países.
El año pasado Panamá creó la Superintendencia de Sujetos No Financieros, que supervisa a los abogados, casinos, zona libre; entre otros. Así, que los requisitos que esta Superintendencia tiene ahora no existían al momento de salir a la luz pública los Panamá Papers, por lo que sería absurdo comparar ambos escenarios.
Es importante conocer que para la creación de sociedades anónimas existen reglamentaciones vigentes y otras que se implementaron posterior al caso Panamá Papers.
Hasta marzo de 2015, lo que estos abogados o firmas hacían para saber quiénes eran estas personas o empresas y a qué se dedicaban, era confiar en la información de debida diligencia que les brindaban intermediarios profesionales como bancos, proveedores de servicios corporativos, sociedades fiduciarias, etc. La debida diligencia es un proceso en el que se investiga a una persona o empresa antes de firmar un acuerdo o contrato.
Se estudia la documentación económica y comercial de la persona o empresa para asegurar que no existen discrepancias entre lo que se dice del negocio en cuestión y su realidad. Panamá siguió avanzando en temas de regulación y en abril de 2015 se aprueba y se promulga la Ley 23 de abril de 2015, a través de la cual se adoptan medidas para prevenir el Blanqueo de Capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones.
Nueva norma
Esta nueva norma incluye a los abogados y firmas como sujetos obligados a desarrollar y mantener actualizadas las políticas y procedimientos para que conozcan bien a sus clientes con los que tengan un contrato firmado, para evitar el mal uso de los servicios bancarios y fiduciarios.
¿Y cómo lo deben hacer?
Se trata de un trabajo minucioso que desarrollan personas especializadas y consiste principalmente en recopilar, revisar y evaluar información para comprender los posibles riesgos o puntos ciegos de cómo opera dicha empresa. Después de que un abogado o firma haya realizado el proceso de debida diligencia, y si se llega a detectar información adversa sobre la sociedad en la firma hace las veces de agente residente, se puede proceder de dos maneras:
Se puede verificar la información para estar doblemente seguros de los hallazgos. Se reporta automáticamente a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en aquellos casos que amerite. La UAF es el centro nacional que se encarga de recopilar y analizar información financiera relacionada con los delitos del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Para regular aún más esta práctica, en marzo de 2020 se aprobó la Ley 129 que crea el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas obliga a todo abogado o firma que funcione como agente residente a registrarse y mantener al día este registro ante la Superintendencia de Sujetos Regulados No Financieros para garantizar la confidencialidad de la información sobre la identidad de los Beneficiarios Finales de personas jurídicas en Panamá.
Firmas satanizadas
En los últimos años se ha satanizado el trabajo de los abogados, sobre todo el de crear sociedades anónimas, sin tomar en cuenta que es un ejercicio legítimo de la abogacía que se realiza a nivel mundial. Es importante aclarar que, al momento de crear una sociedad, los abogados o las firmas realizan actividades exclusivamente de naturaleza jurídica y corporativa. Es decir, los abogados o firmas no manejan el dinero de los clientes que abren esas sociedades, sino que sólo actúan como agentes residentes. Y es clave entender que ser agente registrado, NO significa que es el representante legal de la empresa cliente.
Los Agentes Registrados tampoco son asesores financieros o inversionistas en dichas sociedades. Los abogados no fungen como asesores de inversión, ni asesores de impuestos, ni manejan fondos de terceros. Por lo tanto, no saben, ni tienen porqué saber sobre el manejo de fondos de las sociedades ni pueden asumir responsabilidad por las transacciones o conductas que hagan estas sociedades.
Finalmente, las sociedades offshore son un instrumento mercantil amparado por las leyes de los diferentes países, con el fin de cubrir necesidades específicas de empresas de todo el mundo. Cada país establece sus normativas de aplicación al derecho societario y es un servicio que se presta en Costa Rica, Chile, Países Bajos, Uruguay y en los estados norteamericanos como Delaware, Montana, Nevada y Wyoming; entre otros.
