Gobierno y transportistas acuerdan mantener tarifas mientras buscan alternativas ante alza del combustible
Panamá, 25 de marzo de 2026.- El Gobierno Nacional y representantes de los gremios del transporte público de pasajeros y de carga alcanzaron un acuerdo para mantener sin aumento las tarifas a los usuarios, mientras avanzan en la búsqueda de alternativas que mitiguen el impacto del incremento internacional del combustible.
La comisión de alto nivel estuvo encabezada por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, junto a representantes del sector transporte, quienes coincidieron en la necesidad de evitar que esta situación afecte directamente a la población.
Montalvo destacó que la prioridad de la administración del presidente José Raúl Mulino es encontrar una solución temporal que permita sostener la operatividad del sector sin trasladar costos adicionales a los usuarios.
“Estamos trabajando de manera responsable para garantizar la continuidad del servicio y evitar afectaciones al costo de vida de los panameños. No está en discusión ningún aumento de tarifa”, subrayó.
Como parte de los acuerdos, los transportistas presentarán información detallada sobre consumo de combustible, rutas y operación, a fin de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realice evaluaciones técnicas y proponga medidas de consenso antes del próximo ajuste en los precios del combustible.
Por su parte, representantes del sector transporte valoraron la disposición del Gobierno para atender la situación y buscar soluciones conjuntas. Coincidieron en la importancia de evitar que el alza internacional del petróleo impacte directamente en los usuarios y en la cadena de suministro nacional.
En la reunión también participaron autoridades de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), así como otros funcionarios del equipo económico, quienes trabajan en la definición de medidas que permitan enfrentar este escenario de forma equilibrada.
El Gobierno reiteró su compromiso de mantener el diálogo con el sector transporte y adoptar acciones que protejan tanto a los usuarios como a la actividad económica del país.
