Panamá expulsa y deporta a 67 extranjeros por delitos graves y violaciones a las normas migratorias
Panamá, 18 de junio de 2026. Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad nacional y garantizar el cumplimiento de las normas migratorias, el Servicio Nacional de Migración (SNM) ejecutó la expulsión, deportación y retorno voluntario de 67 ciudadanos extranjeros de nacionalidad colombiana y ecuatoriana.
Del total de personas trasladadas a sus países de origen, 55 son ciudadanos colombianos.
De ellos, 38 fueron expulsados del territorio nacional tras determinarse que representaban una amenaza para la seguridad y el orden público, al mantener antecedentes penales relacionados con delitos graves como tráfico internacional de drogas, tráfico ilícito de migrantes, homicidio doloso, posesión ilegal de armas de fuego y posesión agravada de sustancias ilícitas.
Asimismo, otros 17 ciudadanos colombianos fueron deportados por incumplir disposiciones administrativas establecidas en la legislación migratoria panameña.
En cuanto a los ciudadanos ecuatorianos, siete fueron deportados por infringir la normativa migratoria vigente, mientras que cinco retornaron a su país bajo la figura de retorno voluntario, en cumplimiento de los procedimientos establecidos por las autoridades competentes.
La operación fue desarrollada desde el Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert con destino a Colombia y Ecuador, constituyéndose en el vuelo chárter número 69 realizado en el marco del Memorándum de Entendimiento suscrito entre Panamá y Estados Unidos, instrumento que fortalece la cooperación bilateral para promover una migración ordenada, segura y conforme a la ley.
Estas acciones forman parte de la estrategia integral que impulsa el Gobierno Nacional para prevenir riesgos a la seguridad pública, combatir la migración irregular y garantizar el respeto de las disposiciones migratorias vigentes.
El Servicio Nacional de Migración reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo los controles migratorios en todo el territorio nacional, actuando con estricto apego a la ley, respeto a los derechos humanos y en coordinación con los organismos nacionales e internacionales responsables de la gestión migratoria.