Mulino sanciona la Ley 542, iniciativa del diputado Jamis Acosta para ordenar la exportación de materiales reciclables
Panamá, 08 de julio de 2026.- El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 542, iniciativa presentada por el diputado Jamis Acosta, que establece el marco legal para regular la industria de exportación de materiales reciclables ferrosos y no ferrosos en Panamá. La norma, publicada en la Gaceta Oficial, busca fortalecer el desarrollo ordenado, transparente y sostenible de este sector estratégico para el país.
La nueva legislación regula las actividades de recolección, almacenamiento, tratamiento, comercialización y exportación de materiales reciclables, con el objetivo de promover la economía circular, proteger el ambiente y combatir el tráfico ilícito de metales. Además, crea un Registro Nacional de empresas dedicadas a esta actividad y establece requisitos para garantizar su adecuada operación.
Entre sus principales disposiciones, la Ley 542 incorpora mecanismos de trazabilidad para verificar el origen de los materiales reciclables, fortalece la coordinación entre las instituciones competentes y fomenta la inclusión de recicladores y microempresas mediante programas de capacitación, acceso a incentivos y oportunidades de formalización. Asimismo, establece medidas de fiscalización y un régimen de sanciones para quienes incumplan la normativa.
El diputado Jamis Acosta destacó que esta legislación representa un avance significativo para modernizar la industria del reciclaje, brindar mayor seguridad jurídica a las empresas que operan de forma responsable y proteger el patrimonio nacional.
«Con esta ley damos un paso firme hacia una industria del reciclaje más ordenada, transparente y sostenible. Protegemos nuestros recursos, combatimos el comercio ilegal de metales y generamos condiciones para que las empresas y los recicladores formales puedan crecer con reglas claras y en beneficio de Panamá«, expresó Acosta.
La Ley 542 también impulsa la innovación tecnológica, promueve el acceso a financiamiento verde y la certificación ambiental de las empresas, con el propósito de fortalecer la competitividad del sector, atraer inversiones y generar nuevas oportunidades de empleo.
Con esta legislación, Panamá consolida un marco normativo moderno para la gestión de materiales reciclables, impulsando un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad, la economía circular, la transparencia y el crecimiento económico responsable.
