Las 500 a Pánfilo Patricio
“Evita ejecutar una acción que parece mala, por muy buena que sea”.
Por: Boris O. Núñez V.
Asesor en Negociación,
Mediación y Docente
Desde el ejercicio del “Poder” se puede tener la intención de llevar a cabo acciones que se consideran adecuadas para la totalidad o mayoría de la población. Cuando se está en la cúpula de una función pública, el entorno cercano es reducido a pocas voces críticas a las decisiones que se toman, y la empatía hacia el conglomerado de afectados por la decisión tomada, es prácticamente inexistente y ausentes de canales y puentes de comunicación.
Un ejemplo de este ejercicio del Poder carente de comunicación y empatía, lo podemos analizar en lo que está ocurriendo hoy con la recién aprobada Ley 256 de 2021, que introduce modificaciones a la ley 76 de 1976, que se refiere a la obligatoriedad de expedir facturación que acredite toda operación de transferencia, venta de bienes o prestación de servicios.
Luego de su aprobación en la Asamblea Nacional de Panamá, en los tres diferentes debates necesarios para que este proyecto se convirtiese en ley de la República, y ante la noticia que ésta, se realizó sin la participación y consultas del amplio espectro de asociaciones y gremios afectados por el alcance de la norma, como por ejemplo el Colegio Nacional de Abogados y la Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá, es que desde el Poder erigido en la cúpula del Órgano Ejecutivo, se decide iniciar el período extemporáneo de consultas, a efectos de reglamentar la normativa legal.
La reglamentación de una ley, no puede sobrepasar los límites y principios que su norma superior establece, y debe desarrollar el contenido de su alcance dentro del marco legal que se define. La Ley 256 de 2021 ya aprobada y próxima a ser reglamentada, establece un nuevo método de facturación innovador y cónsono con los principios del derecho informático, pero que puede afectar la confidencialidad entre un profesional y su cliente, al implementar el Sistema de Facturación Electrónica de Panamá.
Esto puede representar un importante avance hacia un gobierno electrónico más transparente, ágil y moderno al automatizar muchos de los procesos que hoy, por realizarse por los medios convencionales, resultan burocráticos, engorrosos y opacos en sus indicadores de transparencia. Así como ocurrió con el Registro Público de Panamá al implementar un nuevo sistema de inscripción registral, que permite trabajar con escrituras y documentos electrónicos; así como sucede en otras jurisdicciones que ya se trabaja con la apostilla electrónica, la facturación a través de los medios telemáticos o electrónicos puede ser un avance en ese camino. Pero ese no es el problema de fondo.
En todo proceso de cambio, como lo es realizar trámites en línea, lo que antes se hacía en papel, requiere de una fase de sensibilización, docencia y de conexión con la realidad. La oposición y el rechazo generalizado del sector de las profesiones liberales, que se está expresando hacia la Ley No. 256 de 2021, es el resultado precisamente de un ejercicio desde el Poder que no tomó en cuenta la oportunidad de hacer docencia al momento de debatir el proyecto de ley, es huérfana de una voluntad política de generar consensos y por consiguiente carece de la legitimidad que respalda a la autoridad.
La Ley 256 de 2021 puede que sea buena en su objeto y su finalidad, pero si se le impone a la población de manera arbitraria, se hace una ley injusta.
“Vive honestamente, sin hacerle daño a nadie y dándole a cada uno lo suyo”.
(Este artículo es responsabilidad de su autor)
