DESAJUSTES LEGALES
Por: Miguel Antonio Bernal V.
Panamá vive una creciente desconexión entre sus realidades sociales y la maraña de leyes, decretos, reglamentos, estatutos, resoluciones y demás normativas que se vienen imponiendo. El anhelado progreso social de la población, se ve así por un lado, más que limitado y por el otro, convertido en un pesado lastre para la ciudadanía.
En efecto, la dependencia impuesta por la concepción política y económica de los factores reales de poder desde hace más de medio siglo, nos tiene hoy ante un Derecho cada día más obsoleto que, lamentablemente, no quiere ser advertido, ni removido por el conservatismo que albergan los profesionales del derecho y, en consecuencia el resto de la sociedad.
Si partimos de la base que: “…el Derecho se presenta y vale como un instrumento de organización social, que debe ser puesto al servicio de la sociedad y de los hombres que la integran, para facilitar y permitir una forma de estructura y de relaciones sociales que asegure a todos los individuos su más pleno desenvolvimiento humano, dentro de una sociedad capaz de promoverlo y asegurarlo”, podemos constatar que en nuestra formación social se han arraigado gravísimas fallas en las concepciones jurídicas, tanto teóricas como doctrinales, las cuales no satisfacen para nada la exigencias y necesidades de una sociedad que requiere ser dinámica y cambiante.
Hoy por hoy, seguimos muy distante de contar con un verdadero Estado de Derecho y, mucho más distanciados de querer sentar las bases para alcanzar la modernidad que implica un Estado Constitucional Democrático de Derecho. Prueba de lo anterior es la gigantesca disociación existente dentro de nuestro sistema jurídico, el cual alberga una maraña de legislación caduca a la cual se le ha querido injertar cualquier cantidad de “leyes nuevas”, cuyo contenido choca con las que hay y van en sentido contrario a lo que se requiere hoy.
Las características principales de lo anterior es la dispersión, falta de organicidad, precipitada elaboración, ausencia de estudios técnicos previos, debates superficiales, falta absoluta de coordinación con otras leyes nacionales o internacionales (tratados), sin planificación y sin una metodología actualizada. Sumado a la mina de antinomias que contribuyen a las vacilaciones de dudas para su aplicación y los notorios defectos en su redacción.
Arropándose en y con el manto viciado de la constitución militarista impuesta hace ya cincuenta años -y aún vigente-, los factores reales de poder y sus satélites, mantienen su tozudez y negativas a la necesidad de un proceso constituyente de participación ciudadana, para poder darnos no solo una nueva constitución, sino unan real y efectiva restructuración de un sistema legal que se ha convertido en el principal obstáculo para el cambio social que la ciudadanía clama.
Urge un referéndum constitucional. Postergar la obligatoria consulta ciudadana sobre el tema, solo nos traerá más desigualdades, más privilegios, menos educación y salud, peor calidad de vida y un descuadernamiento de nuestra formación social que nos llevará a terminar de convertirnos en un lugar donde vive gente.
(Este artículo es responsabilidad de su autor)
