Asociaciones del interior abogan por una Ley de Interés Preferencial equitativa para todo el país
Panamá, 02 de abril de 2025.- Asociaciones del interior del país expusieron este martes en la Asamblea Nacional su visión sobre la Ley de Interés Preferencial, destacando la necesidad de que esta política se convierta en una herramienta de inclusión social y sostenibilidad para todo el país.
“El país necesita que el progreso llegue a cada rincón del territorio, fortalezca las comunidades y genere oportunidades reales para todas las familias, sin importar dónde vivan. Esta ley es una oportunidad para acercar la vivienda al interior, dinamizar las economías locales y construir arraigo con dignidad. Es una propuesta que suma, que equilibra, y que demuestra que el crecimiento sostenible también se construye desde lo social y lo humano”, señaló Carlos Jurado, representante de Asociación de Promotores de Chiriquí (APROCHI).
Las organizaciones señalaron que el país requiere una legislación que no solo subsidie viviendas, sino que corrija desigualdades históricas, cierre brechas estructurales y reactive la economía de las comunidades. Una ley que sea una palanca de equidad, arraigo y desarrollo humano.
La propuesta plantea dividir el país en dos zonas para efectos del régimen de interés preferencial. La Región 1, compuesta por Panamá y Panamá Oeste y la Región 2, por el resto del país. Esta diferenciación, basada en datos oficiales, responde a realidades territoriales muy distintas.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) confirman que en provincias como Chiriquí, Coclé y Veraguas, los salarios promedio están por debajo del umbral requerido para calificar a un préstamo hipotecario de $50,000. Además, la cobertura bancaria es limitada, los costos logísticos son más altos y el desempleo ha aumentado en los últimos años.
En Chiriquí, con un salario promedio de $628.00, el 65% de los trabajadores formales no alcanza el ingreso mínimo requerido ($768.00) para optar por un préstamo hipotecario con la propuesta actual del interés preferencial, mientras que, en Coclé, el 68.5% queda por debajo del umbral, con un salario promedio de $618. La misma situación se da en Veraguas, donde ingreso promedio es de $700.00 por lo que el 58% de los trabajadores tampoco califica.
Estas cifras no solo reflejan desigualdad, reflejan exclusión. Por ello, las asociaciones proponen que la Región 2 reciba un ajuste porcentual adicional en cada tramo del subsidio. Es una medida técnica con impacto humano: permite que miles de familias del interior puedan convertirse, por fin, en propietarias de una vivienda digna.
Además, subrayaron que esta ley también puede ser una herramienta de sostenibilidad territorial. Cada casa construida en el interior activa empleo local, dinamiza ferreterías, transportes, pequeños comercios y reduce la presión migratoria hacia zonas urbanas saturadas. Es una solución estructural que siembra futuro donde históricamente ha hecho falta.
“La Ley de Interés Preferencial es mucho más que una herramienta financiera. Es el punto de partida para una política pública que garantice justicia social y sostenibilidad en todo el país. Es la oportunidad de construir un Panamá más justo, más humano y más conectado con su gente”, concluyeron los voceros.
