CCIAP respalda una ruta balanceada para Cobre Panamá y pide claridad antes de una decisión definitiva
Panamá, 04 de octubre de 2026.- La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) consideró que la recomendación presentada por la Comisión Interministerial al presidente de la República sobre el futuro del sitio minero de Donoso plantea una ruta balanceada, aunque advirtió que cualquier decisión deberá sustentarse en claridad jurídica, responsabilidad ambiental, sostenibilidad económica y absoluta transparencia.
El 30 de septiembre, la Comisión Interministerial entregó al presidente de la República su informe final sobre el sitio minero de Donoso, luego de casi tres años de incertidumbre. Ante este escenario, la CCIAP reiteró su posición de que el país debe abordar la situación con responsabilidad técnica y ambiental, información independiente y transparencia, procurando proteger los intereses nacionales sin trasladar los costos a los panameños.
De acuerdo con el informe, se propone evaluar un acuerdo que permita resolver los arbitrajes pendientes y avanzar hacia una puesta en marcha orientada a un cierre ordenado y autofinanciado, sin prórroga y en acatamiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Para la CCIAP, esta recomendación no plantea regresar al modelo anterior, pero tampoco desconoce las implicaciones ambientales, económicas, sociales y jurídicas de mantener indefinidamente el sitio en su condición actual.
El informe estima que un cierre sin acuerdo podría representar entre B/.2,600 millones y B/.3,400 millones durante un período de 17 a 19 años. A esto se suman reclamaciones arbitrales por al menos US$27,000 millones, que no han sido reconocidas ni adjudicadas contra Panamá.
La Cámara señaló que estas cifras no determinan por sí solas el camino que debe tomar el país, pero sí permiten dimensionar sus posibles implicaciones, especialmente si los costos de cierre terminaran recayendo sobre el Estado y comprometiendo recursos destinados a educación, salud, infraestructura y otras prioridades nacionales.
En ese sentido, la CCIAP considera que la alternativa planteada podría generar beneficios potenciales, entre ellos evitar que el cierre recaiga sobre las finanzas públicas, atender los arbitrajes pendientes y ordenar la transición. No obstante, advirtió que será indispensable establecer una base jurídica sólida, una fecha definitiva de cierre, recursos protegidos para garantizarlo y mecanismos de fiscalización rigurosos e independientes.
Por ello, la organización empresarial considera razonable avanzar en la evaluación y eventual negociación de esta alternativa, de manera que el país pueda conocer sus condiciones concretas antes de adoptar una decisión definitiva.
La CCIAP destacó que aún existen aspectos que deberán ser definidos, entre ellos la figura jurídica y su compatibilidad con el fallo de la Corte Suprema de Justicia y la Ley 407, el régimen fiscal y la participación del Estado, el alcance de cualquier operación, las garantías y fecha de cierre, la terminación de los arbitrajes, así como los mecanismos de fiscalización ambiental, transparencia y rendición de cuentas.
Asimismo, la Cámara planteó la necesidad de garantizar oportunidades para las comunidades directamente impactadas, los trabajadores y las empresas panameñas, además de fortalecer las capacidades de los municipios vinculados al área.
La organización empresarial enfatizó que la transparencia debe acompañar todo el proceso, desde el mandato de una eventual negociación hasta la publicación de sus términos, la fiscalización y el cumplimiento de cada una de sus etapas.
La CCIAP reiteró como principios fundamentales el respeto al fallo de la Corte Suprema de Justicia y al ordenamiento jurídico, una protección ambiental rigurosa y verificable, un cierre que no represente costos para el Estado ni para los panameños, transparencia, metas claras y prioridad para las comunidades, trabajadores y empresas panameñas directamente impactadas.
Finalmente, la Cámara sostuvo que las diferencias de criterio y los cuestionamientos forman parte de un proceso democrático, pero deben abordarse con datos, serenidad y sentido de país. A su juicio, cualquier decisión sobre Cobre Panamá debe ser jurídicamente sólida, ambientalmente responsable, económicamente sostenible y capaz de generar confianza, colocando siempre los intereses de Panamá en el centro.
