Defensoría del Pueblo acredita vulneración de Derechos Humanos durante enfrentamiento en Barro Blanco
La Defensoría del Pueblo, luego de un minucioso análisis de todos los hechos acaecidos a finales del 2021, durante un enfrentamiento entre pueblos originarios de la etnia Ngäbe Buglé y miembros de la Policía Nacional, acreditó la violación a los derechos humanos fundamentales; específicamente contra la Niñez y la Integridad Personal de tres niños que fueron impactados con proyectiles de goma, así como a tres adultos (uno de ellos que perdió la visión) por ende se dio la apertura de una queja.
Por tal motivo, como Instituto Nacional de Derechos Humanos rechazamos el uso excesivo de la fuerza por la Policía Nacional, recordando que tienen el deber de proteger la vida, integridad personal y bienes de todas personas en el territorio nacional, sin distingo de raza, clase social, sexo, religión o ideas políticas y reitera la disposición de la Defensoría del Pueblo de capacitarlos en derechos humanos.
Igualmente, recomienda a la Juez de Paz del corregimiento de Barro Blanco que es necesario salvaguardar la seguridad de niños, niñas y adolescentes, por ello siempre deben contar con la presencia de personal de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y Familia, así como miembros de la Policía Nacional de Niñez y Adolescencia; mientras que las actuaciones deben estar en le marco del respeto de las garantías del niño como lo describe la Convención de los Derechos del Niño e insta a que todos los funcionarios de la citada Casa de Paz sean sensibilizados en esta materia y en la Ley 285 que crea el sistema de garantías y protección integral.
La entidad rectora de los derechos humanos recuerda a los directivos del hospital Rafael Hernández de David, prov. de Chiriquí que están obligados a denunciar los delitos de acción, de modo que su intervención sea de garantizar el derecho inalienable en cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño y de la Constitución Política de la República de Panamá al tiempo que exhorta al Ministerio de Obras Públicas y a la Alcaldía de Tolé sean garantes de los derechos fundamentales de toda la población y de los pueblos originarios.
A los padres de familia, la Defensoría les advierte que la práctica de usar a los niños, niñas y adolescentes como escudos en los conflictos y enfrentamientos entre la comunidad y la Policía Nacional, puede acarrear responsabilidades penales al poner el riesgo la vida e integridad física, sicológica y moral, tal como lo estipula la Convención de los Derechos del Niño, el Código
