Defensoría exhorta aplicar principios de Derechos Humanos en contrato minero
Panamá, 21 de junio de 2023.- La Defensoría del Pueblo a través de un comunicado, emitió su opinión respecto al contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá contenida en cinco temas: priorizar temas como la generación de empleos, el tiempo de consulta ciudadana, la preocupación por la expropiación de tierras, la prevalencia del respeto por los Derechos Humanos y el reconocimiento de la entidad.
El Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González consideró que este contrato debe priorizar temas como la generación de empleos, actividad económica, conducta empresarial responsable y la sostenibilidad, tal como mandata la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y promueve las Naciones Unidas (ONU), para que una vez la empresa cese labores en la zona, existan condiciones para los emprendimientos y la creación de empresas.
Agrega que hay un clamor expuesto por los moradores de las comunidades aledañas concerniente al tema de expropiación de sus tierras por parte de la empresa concesionaria.
Con relación a la consulta pública, el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Comercio e Industrias, solo permitió que la ciudadanía participase a través de sus comentarios en un lapso de aproximadamente un mes, del 24 de marzo al 22 de abril de 2023; lo cual, a consideración de esta entidad rectora de derechos humanos y de muchos ciudadanos fue un periodo muy efímero, tomando en cuenta la amplitud e importancia de este contrato que otorga una concesión de veinte (20) años.
Esta Institución Nacional de Derechos Humanos, hace un llamado a la Empresa Minera Panamá y al Ministerio de Comercio e Industrias, en representación del Órgano Ejecutivo, que reconozca nuestra labor en defensa de los derechos humanos según su mandato establecido en la Constitución Política de la República de Panamá, así como los derechos previstos en los convenios internacionales de Derechos Humanos, la Ley y los Principios de París, teniendo la expectativa de que estos sean colaboradores con la función atribuida de promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos.
