El Supremo de EEUU considera “ilegal” la decisión de Biden de imponer la vacunación a las empresas
La Corte Suprema de Estados Unidos ha dejado sin efecto este jueves el mandato del presidente del país, Joe Biden, que obligaba a vacunarse a los empleados de todas las compañías que tengan 100 trabajadores o más. La orden presidencial debía empezarse a implementar en febrero.
La directriz presidencial también establecía que, en caso de no querer vacunarse, los trabajadores de estas grandes empresas deberían someterse a pruebas semanales y también llevar mascarilla todo el tiempo. Esta fue entonces la medida más significativa aplicada hasta el momento en el ámbito laboral contra la pandemia por el Gobierno, ya que podía afectar a hasta 84 millones de trabajadores del sector privado, según cálculos de la Casa Blanca.
Litigio separado
El Tribual ha dado luz verde, sin embargo, a otro mandato de Biden que requiere la vacunación de unos 10,3 millones de trabajadores en unos 76.000 centros de salud, incluidos hospitales y hogares de ancianos que aceptan dinero de los programas gubernamentales de seguro médico Medicare y Medicaid para estadounidenses mayores, discapacitados y de bajos ingresos.
Los jueces levantaron las órdenes de los jueces federales en Missouri y Louisiana que bloqueaban la política en 24 estados, lo que permitió que la administración la aplicara en casi todo el país. La ejecución fue bloqueada en Texas por un tribunal inferior en un litigio separado que no está en discusión en el caso ante la Corte Suprema. Los trabajadores deben estar vacunados a fines de febrero según el mandato.
De acuerdo con el fallo de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos, la Administración de Biden “no podrá tomar ninguna medida para implementar o hacer cumplir el mandato hasta que haya una nueva orden judicial“.
En esa decisión, el juez Kurt Engelhardt consideró que la orden emitida por la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA, en sus siglas en inglés) es “demasiado amplia“, es decir, que no diferencia entre negocios ni lugares de trabajo.
“El interés público también se beneficia manteniendo nuestra estructura constitucional y manteniendo la libertad de los individuos para tomar decisiones personales de acuerdo con sus propias convicciones, incluso cuando esas decisiones frustran a los funcionarios del gobierno“, escribió Engelhardt.
Por elperiodico
