Fraude fiscal en la DGI obliga a reforzar controles y recuperar la credibilidad institucional, advierte la CCIAP
Panamá, 20 de julio de 2026.- La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) instó a las autoridades a esclarecer plenamente el fraude relacionado con créditos fiscales presuntamente ilegítimos detectados en la Dirección General de Ingresos (DGI), al considerar que el caso representa una grave afectación a la institucionalidad tributaria, la seguridad jurídica y la confianza de los contribuyentes.
En un pronunciamiento, el gremio destacó que una auditoría interna de la DGI concluyó que US$36.01 millones de los US$42.4 millones utilizados por una entidad bancaria para compensar impuestos entre 2022 y 2025 serían improcedentes e ilegítimos. La entidad financiera, por su parte, sostiene que actuó de buena fe, ya que los créditos figuraban registrados y validados en la plataforma oficial e-Tax.
Para la CCIAP, esta situación evidencia la necesidad de garantizar la confiabilidad de los registros administrados por el Estado, ya que cualquier vulneración compromete la seguridad jurídica, afecta el clima de inversión y debilita la confianza en las instituciones públicas.
El gremio empresarial señaló que el caso trasciende la pérdida de recursos públicos, pues también podría haber afectado a empresas y contribuyentes que actuaron confiando en la información oficial, al tiempo que no descartó la participación de personas que conocían el origen irregular de los créditos fiscales.
Asimismo, sostuvo que corresponde a la DGI reconstruir cada una de las operaciones involucradas, diferenciar con rigor a quienes fueron víctimas de quienes pudieron haber participado en las irregularidades y aclarar la situación tributaria de todos los contribuyentes afectados, evitando que quienes actuaron de buena fe asuman las consecuencias de las fallas del sistema.
La CCIAP reconoció que las actuales autoridades de la DGI actuaron correctamente al presentar las denuncias correspondientes; sin embargo, enfatizó que ese paso debe dar lugar a investigaciones exhaustivas, recuperación de los fondos y sanciones para todos los responsables.
Como parte de sus recomendaciones, el gremio propuso fortalecer la cultura de integridad tanto en el sector público como en el privado mediante programas de cumplimiento, códigos de ética, canales seguros de denuncia, auditorías independientes, controles de acceso más estrictos, sistemas de trazabilidad digital y mecanismos automáticos de alerta que permitan prevenir nuevos fraudes.
Finalmente, la Cámara de Comercio afirmó que la transformación digital del Estado debe ir acompañada de altos estándares de seguridad informática y controles efectivos, reiterando que Panamá necesita recuperar la credibilidad de su sistema tributario con acciones concretas, transparencia y la aplicación de la ley «sin privilegios, sin encubrimientos y sin excusas».
