Las 500 a Pánfilo Patricio. Escuchar más y construir consensos, obra más que las amenazas y los gritos.
La legitimidad en la administración del gobierno se refiere al respaldo que la población le ofrece a sus gobernantes, habiendo ya expresado su confianza a través de las urnas de votación para que asuman éstos, la responsabilidad de dirigirlos en beneficio de todos los asociados.
Cuando se desarrolla una elección popular, conforme a las normas jurídicas, legales o reglamentarias que orientan dicho escrutinio, y luego de un periodo de desgreño y abusos de poder, se puede aseverar que quienes resultan electos, toman posesión de sus cargos, revestidos de legalidad y respaldo en cumplimiento de un determinado orden jurídico, y que en cualquier momento puede cambiar.
Sin embargo, en algunos ejercicios de procesos electorales, como se caracteriza el proceso electoral panameño, quienes resultan electos, lo son por un simple mecanismo de que es vencedor aquel que obtenga la mayor cantidad de votos. Sin exigencias de mayorías simples, calificadas, absolutas o cualquiera que garantice un número suficiente de respaldo popular. En el caso de Panamá, a diferencia de otras naciones, en que se exige que los gobernantes sean electos con una mayoría de la mitad más uno, los nuestros adquieren su condición por ser los más votados ya sea por popularidad o carisma, dentro de un orden legal específico.
Esto nos trae el ejemplo de que el Primer Ciudadano que gobierna actualmente y, aún cuando en el pasado torneo electoral obtuvo un respaldo de 3.5 ciudadanos de cada diez que votaron por su propuesta, la legalidad de su poder formal, está muy lejos de la legitimidad que se requiere para sostenerse en el tiempo. El 65% de la población, no optó por dicho proyecto político. Si sumado a este hecho notorio se le añade la percepción de que dicha victoria fue resultado de un endoso de simpatía, de un aspirante a candidato hacia quien resultó ser electo, el respaldo hacia el Primer Ciudadano, ya no se mantiene en 35%.
Para sostener la conducción de un gobierno, ante un escenario de muy poco respaldo y legitimidad popular, aun cuando la arquitectura del proceso electoral sostiene legalmente la posesión formal de su poder, se hace imprescindible incrementar la confianza y la legitimidad. Ganársela, no exigirla.
La población y los sectores no formales de poder, son muy sensibles ante señalamientos hostiles y carentes de una comunicación asertiva. Cuando se está en medio de debates nacionales, en donde existe una polarización de ideas, y aquellas que provienen desde las trincheras gubernamentales no son bien recibidas y aceptadas por la población, por más que se pueda controlar las leyes y las instancias formales de poder, en cualquier momento el pueblo puede, y tiene la capacidad legítima de rebasar cualquier llamado o grito exigente del cumplimiento de la ley.
Los calificativos, las etiquetas, el imponer agendas que no consulten o tomen en cuenta las preocupaciones de la población, provocan y ponen en riesgo la calma y confianza de los asociados.
Escuchar más y construir consensos, obra más que las amenazas y los gritos.
“Vive honestamente, no le cause daño a nadie y dele a cada uno lo suyo”.
