LAS 500 A PÁNFILO PATRICIO – Manifiesto del Cambio #36
“Las vigencias expiradas, no es ejemplo de un buen gobierno.”
Cuando en el 2019, el Partido Revolucionario Democrático (PRD), junto a su aliado el Partido Movimiento Liberal, Republicano y Nacionalista (MOLIRENA), se alzaron con la victoria en las elecciones generales presidenciales y demás cargos de elección popular, entonaron un eslogan, esperanzador, “el buen gobierno”.
Han transcurrido cuarenta y cinco (45) meses desde el día de toma de posesión y en el que se planteó el Plan Estratégico del Gobierno (PEG), y durante este tiempo la gestión en la administración pública ha atravesado por coyunturas de desastres naturales y de gerencia pública lapidaria. Antes de que ocurriera lo impensable, como las afectaciones de dos huracanes en la región occidental del país y de la pandemia por el COVID-19, la administración PRD – MOLIRENA, fraguó su estilo estratégico a punta de endeudamiento, con el cual se harían cargo de la República y el compromiso de llevar a cabo una “buena gestión gubernamental de combate a la pobreza y la desigualdad”, ausente.
De estos dos pilares del PEG, el buen gobierno y combate a la pobreza y la desigualdad, podemos tomar muchos ejemplos que han sido descuidados y a los cuales, durante este quinquenio, no se ha observado un serio compromiso de desarrollar una política pública que mejore las condiciones de los ciudadanos.
Por un lado, observamos que los servidores públicos de mando operativo, técnico y profesionales, en muchas de las instituciones de gobierno trabajan con las uñas, con escasez de personal, insumos, equipos, entre otros, mientras que los recursos financieros contemplados en la Ley del Presupuesto General del Estado son traspasados con decisiones meramente caprichosas y carentes de criterios técnicos y objetivos, perjudicando la labor de las operaciones de cada institución, lo cual evidencia una distribución de los recursos en condiciones de precariedad y desigualdad.
De esta toma de decisiones en las altas esferas de nivel político en cada una de las actuales autoridades legislativas y de gobierno, cuando no se toma en cuenta la opinión técnica y científica de muchos de los funcionarios de experiencia, no solamente se perjudica el trabajo de aquel servidor público, si no en un sinfín de casos, de usuarios, proveedores, ciudadanos, clientes y panameños o extranjeros que asumen con resignación la negligencia y errores, con los que esta administración ha tomado decisiones políticas, muy alejadas del Estado de Bienestar al cual se comprometieron en el Plan Estratégico de Gobierno. Ejemplo de ello, las vigencias expiradas.
Las vigencias expiradas son los pasivos generados legalmente durante una vigencia fiscal, no pagados por la institución, por circunstancias ajenas a la responsabilidad del acreedor (proveedor, usuario, ciudadano), y se tendrá que generar el pago en la próxima vigencia fiscal (año siguiente).
Estas circunstancias que no son imputables al acreedor del Estado, muchas veces podemos identificar que la causa la origina una desatinada decisión política, sin criterio técnico. Esto no contribuye a cumplir con el objetivo de combate a la pobreza ni desigualdad, y tampoco hace gala de un buen gobierno.
Es necesario responsabilizar a los tomadores de decisiones políticas en esta actual administración gubernamental, cuando las mismas provocan graves perjuicios a panameños que cumplen con sus obligaciones, y producto de malas decisiones que se han generado, lesionan el patrimonio personal y de la nación. Es necesario una normativa, que compense el daño provocado por las vigencias expiradas y a la vez responsabilice a quienes toman decisiones políticas que ocasionan este tipo de perjuicio.
“Vive honestamente, sin hacerle daño a nadie y dándole a cada uno lo suyo”.
