LAS 500 A PÁNFILO PATRICIO – MANIFIESTO DEL CAMBIO # 44 – ¿Para qué una Constitución nueva en Panamá?
En la historia de la República de Panamá desde 1903, año en que nos separamos de Colombia, hemos atravesados en cuatros constituciones políticas reconocidas legítimamente, dos procesos constituyentes originales.
La primera constitución de 1904, elaborada por un genuino poder soberano de la asamblea constituyente a raíz del inicio de la nueva nación, define los fundamentos básicos sobre los cuales se sostenía la arquitectura de la nación panameña naciente: libertades individuales, la propiedad privada y el rol, ante los ciudadanos, de un Estado protector, pero intervenido.
Luego en 1941, el presidente Arnulfo Arias Madrid impone con la permisividad de la Asamblea Nacional de ese entonces, una nueva constitución que, aunque modernizaba en aspectos de derechos a la mujer, el trabajador y los derechos en seguridad social, también personificó el autoritarismo, la discriminación racial y el agravio a principios de justicia y equidad.
En 1946, se aprueba la Constitución del mismo año, considerada la más ilustre entre todas las cuatro, quizás por que fue preparada por notables juristas que redefinió la concepción de los derechos y deberes individuales y sociales del ciudadano panameño, haciéndola más democrática a pesar de que su antecesora, hacía notorio los sesgos de autoritarismo y hegemonía presidencial. Fue la de mayor avanzada, pero su origen irónicamente se da con la disolución de la Asamblea Nacional por parte del presidente Ricardo Adolfo De La Guardia en un acto irruptor y de alteración del orden constitucional.
1972 es el año en que la Asamblea de los 505 representantes de corregimiento viste de legitimidad las actuaciones de un gobierno de facto, que con un golpe de Estado al Dr. Arnulfo Arias Madrid en 1968 lo destituyen como presidente de la república e instauran una Junta Militar de Gobierno. No es hasta 1983 que se viste de democracia centralizada, concentrada en el poder del Ejecutivo al robustecer conceptos y elementos que aseguraron el control presidencialista en el Estado, haciéndolo depender de las decisiones unísonas del Presidente.
A las puertas del próximo torneo electoral para el 2024 el escenario político gira alrededor de la incertidumbre entre quién podrá ser el próximo presidente y la gravedad de problemas que para resolverlos se necesiten más de los sesenta meses en que se administrará el próximo gobierno.
Si nos detenemos a reflexionar, en las cuatro constituciones que hemos tenido hasta la fecha, el denominador común para dar paso a un proceso de una nueva carta magna ha sido el desasosiego y los conflictos políticos. Es precisamente el escenario en el que nos ubicamos nuevamente como sociedad. Conflictos que se han degenerado por la excesiva y desigual concentración de poder, la corrupción a nivel público y privado que nos demuestra lo débil que es nuestra sociedad en cuanto a la práctica de valores que honren su identidad nacional. La toma de decisiones políticas que impiden que, en el presupuesto del Estado, se distribuya equitativamente las riquezas que generamos como sociedad, lo cual se traduce en condiciones precarias de salud pública eficiente, en falta de oportunidades dignas, en incremento del empleo informal y en una economía de muy poco valor agregado a causa de la débil formación de nuestros estudiantes y ciudadanos.
Estos desafíos como muchos más, en su magnitud, se conjugan en la definición del escenario político actual y que buscamos resolver en los próximos comicios del 2024. No se resuelven únicamente con un nuevo presidente, sino con un proceso constituyente que sea coherente.
“Vive honestamente, sin hacerle daño a nadie y dándole a cada uno lo suyo”.
