Las 500 a Pánfilo Patricio – Manifiesto del Cambio #55. La administración de justicia no está “blindada y es bombardeada”.
La administración de justicia en todo Estado democrático, de partido único gobernante, aun en una democracia autoritaria o hasta en un sistema de gobierno de monarquía, se instituye como una columna vertebral del aparato de gobierno. Los ciudadanos tienen el derecho de confiar o no, en sus autoridades judiciales, pero éstas tienen el deber ineludible de decidir en apego a un sentido común de justicia, honestidad y veracidad.
Durante esta semana tres noticias se han destacado en cuanto a la administración de justicia de un caso de conocimiento público y notorio y del cual depende mucho, las decisiones políticas y electorales de candidatos y ciudadanos que deberán analizar suspicazmente.
La primera noticia, desde inicios de la semana, fue la filtración de un borrador de proyecto de fallo sobre la admisión o no de un recurso de casación en el caso judicial de New Business. Luego se destaca como noticia, que uno de los condenados en el citado caso, interpuso una denuncia contra la Magistrada Presidente de la Corte Suprema de Justicia ante la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional de Diputados. Por último, la visita a Panamá de una considerada y connotada Magistrada de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos ante un foro lleno de estudiantes universitarios, especialmente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María La Antigua y demás público en general.
Los ciudadanos y el panameño de a pie muy poco considerarán que estos hechos noticiosos guardan alguna relación con su cotidianidad, porque quizás gravita en las más altas esferas del poder político y judicial de nuestro país. Sin embargo, al ser un caso de alto perfil y de sumo interés para los efectos de la próxima campaña electoral, sí merece la atención tanto en el devenir político como en lo judicial.
Nos encontramos en un escenario que preocupa mucho con respecto a la débil confianza que la ciudadanía proyecta en la clase política y en la administración de justicia. Hemos cruzado un área gris, en la que ya no podemos distinguir si los actos políticos se judicializan para beneficiar o perjudicar a unos y a otros; o es que las instituciones judiciales ya están tan dominadas por los vaivenes políticos, que ya no prevalece el imperio de la veracidad y ley para el sostenimiento de la tranquilidad nacional.
No es casual en Panamá, que en la misma semana que se filtra un borrador de fallo de un caso tan trascendental, a la vez coincide con la visita de una alta autoridad judicial de la primera potencia en el mundo como lo es Estados Unidos y con todo lo que eso significa.
Nuestra administración de justicia, desde hace muchos años no está blindada y es bombardeada, desde diferentes flancos, por todo tipo de intereses políticos, particulares, nacionales, comerciales y hasta extranjeros y que rebotan en la imagen confiable e institucional del Estado panameño.
Todo cuanto decidan nuestros jueces y magistrados dentro de nuestros tribunales de justicia, afecta el grado de confianza de nacionales y extranjeros interesados en invertir, migrar, desarrollarse o vivir en Panamá. No solo deben acompañar sus decisiones de un sentido común jurídico, sino también de la legitimidad y veracidad por parte de los ciudadanos, en todo el mundo.
“Vive honestamente, no le cause daño a nadie y dele a cada uno lo suyo”.
