Las 500 a Pánfilo Patricio – Manifiesto del Cambio #68. “Conflicto C.S.S. y Comunicación No Violenta”
A cuarenta y cinco días de haber tomado posesión la nueva administración del Presidente José Raúl Mulino, y a una semana de haber sido designado el próximo Director de la Caja de Seguro Social, este último semestre del 2024 promete aires de incertidumbre y zozobra en la opinión pública panameña, frente a la problemática que representa el sistema de la seguridad social.
No hay que olvidar que la Caja de Seguro Social es una institución pública, que opera como una empresa estatal, en la que sus dueños, los asegurados cotizantes y patronos, son las partes interesadas, junto al Estado, de que esta entidad pública contribuya con la estabilidad financiera, económica y social de la población.
Recordemos que son cuatro los programas que integran la C.S.S. siendo estos: 1. Programa de Administración, 2. Programa de Riesgos Profesionales; 3. Programa de Enfermedad y Maternidad; y 4. Programa de Invalidez, Vejez y Muerte de los cuales mucho se habla y poco se precisa de qué realmente está pasando con los fondos que deben administrarse en beneficio del sistema económico del Estado panameño.
Desde el último gobierno que reformó la ley del Seguro Social, han transcurrido diecinueve años en que los gobernantes posteriores, o no les correspondía implementar reformas tan recientes, o presentándose las señales de alarma, frente a la crisis financiera del programa de Invalidez, Vejez y Muerte, optaron no asumir la responsabilidad de gobernar en beneficio del sistema, por razón al temor del costo político que genera unas reformas inconsultas y poco legítimas para la población.
Precisamente este elemento de la falta de legitimidad y pertenencia de la población asegurada es que se tiene que gestionar con certeza y seguridad. Existen dos macros problemas dentro del sistema, fácilmente identificables. El primero, la mala y pésima atención hacia el usuario, el cual es un conflicto generado por el modelo de administración de la institución, en la que para resolverse, se debe privilegiar que el objeto del sistema de seguridad social es el bienestar del asegurado y de los patronos.
El segundo, si es que resulta ser un problema real, es la administración financiera del programa de Invalidez, Vejez y Muerte, la cual a falta de información actuarial confiable, está generando incertidumbre y un estado de alerta en la población, que se está armando para reaccionar ante la amenaza o el estado de lucha que puede representar las tan temidas y anunciadas medidas paramétricas que afectarían las jubilaciones.
Estamos en medio de un conflicto social dormido, en la que en un extremo tenemos a la población asegurada preocupada, enojada y atemorizada ante un escenario desconocido de lo que podrá resultar las primeras medidas que sugiera el nuevo Director del Seguro Social. Por el otro lado, tenemos a otro grupo de la población que ven en esta coyuntura una importante oportunidad para concretar nuevos negocios a partir de los cambios radicales que se promuevan.
En la presente atmósfera política y social, será valioso que, por parte de la principal autoridad del Estado, nuestro presidente de la República, así como su equipo de voceros y el nuevo Director designado, sostengan en el tiempo una comunicación no violenta frente a esta problemática. La comunicación no violenta más allá de un discurso de palabras bonitas, lleva en sí el manejo de la inteligencia emocional y la asertividad que espera la población, para mantener la paz en medio de la tormenta.
“Vive honestamente, no le cause daño a nadie y dele a cada uno lo suyo”.
