MICI autoriza remoción controlada de material en Cobre Panamá para prevenir riesgos ambientales
Panamá, 07 de abril de 2026.- El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) informó la emisión de una resolución en el marco de la ejecución del Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS) de la mina Cobre Panamá, ubicada en Donoso, provincia de Colón, con el objetivo de prevenir riesgos ambientales y proteger la salud de las comunidades cercanas.
La medida autoriza la remoción del material que permanece en la mina, cuya exposición a condiciones climáticas podría generar drenaje ácido, afectando el suelo y las fuentes hídricas si no se maneja de forma adecuada.
Esta decisión se sustenta en evaluaciones técnicas, ambientales y legales, respaldadas por el artículo 115 del Código de Recursos Minerales, el Decreto Ejecutivo No. 5 de 1 de abril de 2026, la Resolución 45 de 2025 del MICI, el Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS) junto a su anexo técnico, así como los resultados de una auditoría integral independiente.
La resolución faculta a la empresa Minera Panamá, S.A. a ejecutar un proceso estrictamente controlado para el procesamiento del material existente, así como su remoción y traslado fuera del país, como una acción puntual destinada a eliminar condiciones de riesgo identificadas.
En ese sentido, se han establecido acciones específicas para garantizar el manejo seguro de los materiales, bajo criterios técnicos, ambientales y de seguridad claramente definidos.
El MICI precisó que la empresa asumirá en su totalidad los costos asociados a estas actividades, sin que esto represente erogación alguna para el Estado. Además, una vez se obtenga el concentrado de cobre en condiciones de comercialización, este estará sujeto al pago de las regalías correspondientes sobre el producto exportado, conforme a lo aplicado en 2025.
La entidad reiteró que esta decisión no implica la reactivación de la mina, sino que responde a una medida preventiva y controlada para evitar daños ambientales y garantizar la estabilidad del área.
El proceso contará con la supervisión permanente del MICI, el Ministerio de Ambiente y otras entidades competentes, asegurando el cumplimiento riguroso de la normativa vigente y de las obligaciones de seguimiento e informes establecidas.
El Gobierno Nacional reafirmó su compromiso con la protección del ambiente, la salud de la población y la toma de decisiones responsables, basadas en criterios técnicos, el interés público y la transparencia.
