Ministro Abrego asegura que licitaciones estratégicas cumplen estrictos controles legales
El Ministerio de Seguridad Pública asegura que la reserva de información protege la seguridad nacional, sin afectar la transparencia, la supervisión de la Contraloría ni el cumplimiento de la Ley de Contrataciones Públicas.
Panamá, 19 de julio de 2026. Las licitaciones estratégicas que desarrolla el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), continúan sujetas a todos los controles legales, administrativos y financieros establecidos por la legislación panameña, aun cuando los pliegos de cargos sean declarados confidenciales, aseguró el ministro Frank Alexis Abrego.
El titular de la cartera explicó que la confidencialidad de estos procesos no implica falta de transparencia, sino que constituye un mecanismo previsto en la Ley 22 de Contrataciones Públicas para resguardar información sensible relacionada con la seguridad nacional y garantizar que solo participen empresas previamente precalificadas, con la capacidad técnica, financiera y legal necesaria para ejecutar proyectos de alta complejidad.
Abrego precisó que la reserva únicamente aplica a la información técnica contenida en los pliegos de cargos durante el desarrollo de la licitación y que, en ningún momento, modifica las obligaciones de control, fiscalización y rendición de cuentas que ejercen las entidades competentes, entre ellas la Contraloría General de la República.
“La confidencialidad protege información estratégica cuya divulgación podría comprometer capacidades operativas del Estado o ser utilizada por actores que pretendan vulnerar la seguridad nacional. Los controles, la fiscalización y las normas de contratación pública permanecen intactos durante todo el procedimiento”, afirmó el ministro.
El funcionario indicó que la etapa de precalificación constituye una herramienta para salvaguardar los recursos públicos, al garantizar que únicamente participen empresas con experiencia comprobada y solvencia económica, evitando que compañías sin la capacidad requerida obtengan adjudicaciones que posteriormente no puedan cumplir.
Como ejemplo, recordó los casos de los cuarteles de David y Sabanitas, cuyas obras quedaron inconclusas tras el incumplimiento o la quiebra de las empresas contratistas, obligando al Estado a destinar recursos adicionales para finalizar los proyectos.
“Son proyectos que debieron concluirse en aproximadamente dos años y, más de una década después, aún requieren inversiones para ser terminados. No podemos permitir que esa historia vuelva a repetirse”, expresó.
Abrego también señaló que cada contratación exige experiencia específica según el objeto del proyecto, por lo que empresas sin trayectoria en determinadas áreas, como infraestructura o ciberseguridad, no pueden participar en procesos especializados que involucran activos estratégicos del Estado.
El ministro informó que, hasta la fecha, alrededor de 25 empresas se han registrado para participar en las licitaciones y han recibido los pliegos de cargos, lo que evidencia el interés del sector especializado. No obstante, recordó que las compañías están obligadas a mantener la confidencialidad de la información técnica mientras los procesos permanezcan en curso.
Finalmente, reiteró que la declaratoria de confidencialidad de los pliegos está contemplada en la Ley 22 de Contrataciones Públicas, mientras que la figura de la precalificación se encuentra sustentada en el artículo 65 de esa normativa y en el artículo 121 del Decreto Ejecutivo 439, que la reglamenta.
El Ministerio de Seguridad Pública reafirmó que su compromiso es desarrollar procesos de contratación responsables, competitivos y plenamente apegados a la ley, con empresas idóneas y bajo estrictos mecanismos de control que fortalezcan las capacidades del Estado para proteger la seguridad nacional y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos.
