Ordenan detención provisional para siete presuntos integrantes de una pandilla desarticulada en la operación “Harpía”
Los imputados son investigados por su presunta vinculación con delitos de pandillerismo, homicidio, porte ilegal de armas de fuego y delitos relacionados con drogas en el distrito de San Miguelito.
Panamá, 19 de julio de 2026. La Procuraduría General de la Nación informó que el Juzgado de Garantías ordenó la detención provisional de siete personas presuntamente vinculadas a una estructura criminal que operaba en el distrito de San Miguelito, tras los resultados de la operación “Harpía”, desarrollada el pasado 16 de julio.
La medida cautelar fue obtenida por la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, luego de una audiencia de control de garantías en la que el Tribunal declaró legales las aprehensiones, dio por presentada la formulación de cargos y acogió la solicitud de detención provisional presentada por el Ministerio Público.
La investigación se deriva de una serie de diligencias de registro y allanamiento realizadas en conjunto con la Dirección Nacional de Inteligencia y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, las cuales permitieron la desarticulación de una presunta organización criminal que, según las investigaciones, operaba en San Miguelito.
De acuerdo con la Fiscalía, la estructura delictiva estaría relacionada con los presuntos delitos de pandillerismo, homicidio, porte ilegal de armas de fuego y delitos relacionados con drogas. Además, se investiga su presunta participación en el reclutamiento de jóvenes del sector mediante amenazas.
Durante la audiencia, la jueza de garantías consideró acreditados los riesgos procesales expuestos por el Ministerio Público, por lo que determinó que la detención provisional es la medida cautelar más idónea y proporcional mientras continúan las investigaciones.
La Procuraduría General de la Nación reiteró que continuará ejerciendo la acción penal con estricto apego a la Constitución, la ley y el respeto de los derechos y garantías fundamentales de todas las personas involucradas en los procesos judiciales.
