Panamá rechaza acusaciones de Panama Ports Company y defiende legalidad de la administración de puertos tras fallo de la Corte Suprema
Panamá, 20 de marzo de 2026.- La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en representación de la República de Panamá, rechazó enérgicamente las declaraciones emitidas el 16 de marzo de 2026 por Panama Ports Company, S.A. (PPC) y el Grupo Hutchison, calificándolas de “falaces e injuriosas” en relación con la sentencia que declaró inconstitucional la Ley No. 5 de 1997.
El fallo, emitido el 29 de enero de 2026 por la Corte Suprema de Justicia, determinó la inconstitucionalidad de la ley que aprobaba el contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, incluyendo sus adendas, prórrogas y actos derivados. De acuerdo con la Constitución, esta decisión es definitiva, de obligatorio cumplimiento y vinculante para el Estado panameño.
La AMP señaló que, tras conocerse la sentencia, el Estado actuó de buena fe para lograr una transición ordenada junto a PPC. No obstante, la empresa y sus afiliadas se habrían negado a cooperar, obstaculizando el proceso mediante la retención de información clave.
Ante esta situación, y con el objetivo de garantizar la continuidad operativa, segura y eficiente del servicio público, el Estado panameño asumió temporalmente la administración, mantenimiento y operación de ambas terminales, en su calidad de legítimo propietario, conforme a la Ley General de Puertos.
El Ejecutivo sustentó esta medida mediante un decreto de ocupación, descrito como un mecanismo excepcional y legal que no constituye expropiación, sino una utilización temporal de los bienes, respetando el debido proceso y la propiedad privada.
La Autoridad Marítima rechazó categóricamente las acusaciones de “actos arbitrarios” o “confiscación”, afirmando que todas las acciones del Ejecutivo están respaldadas por la Constitución y la ley, y que a PPC se le han garantizado plenamente sus derechos.
Asimismo, tras asumir el control de los puertos de Balboa y Cristóbal, el Estado constató un deterioro significativo en ambas terminales, señalando que se encontraban alejadas de los estándares y mejores prácticas internacionales.
En paralelo, PPC ha iniciado un proceso de arbitraje internacional ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI). La AMP aseguró que cumplirá con las reglas del proceso y ejercerá su defensa ante el tribunal arbitral, que será el encargado de resolver el fondo de la controversia.
Finalmente, la entidad informó que se abstendrá de emitir nuevos pronunciamientos públicos sobre el tema mientras se desarrolla el arbitraje, y reiteró el compromiso del Estado panameño de garantizar la operación continua, segura y eficiente de los puertos, así como de proteger la inversión nacional y extranjera en apego a la Constitución, la ley y los compromisos internacionales.
