Reforma a la Ley 6 plantea sanciones a distribuidoras y electrificación de 58 mil familias
Panamá, 4 de octubre de 2026.- La reforma a la Ley 6 que se discute en la Asamblea Nacional establece nuevas causales para la terminación de los contratos de concesión de las empresas distribuidoras de electricidad que incumplan sus obligaciones, además de contemplar medidas para ampliar la cobertura eléctrica a unas 58 mil familias que actualmente no cuentan con el servicio.
Así lo explicaron el secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez J., y la administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez, durante su participación en el programa Debate Abierto.
El secretario nacional de Energía destacó que la reforma busca establecer consecuencias económicas frente a los incumplimientos relacionados con la calidad del servicio.
“Tiene que llegarle a la empresa una señal económica, que le cueste la mala calidad del servicio”, afirmó Rodríguez, quien señaló que actualmente los usuarios pueden enfrentar largos períodos de espera ante reclamos relacionados con el servicio, mientras las empresas continúan recibiendo el pago de la tarifa.
Por su parte, la administradora de la ASEP explicó que el proyecto incorpora cinco causales para la terminación de los contratos de concesión, relacionadas con el incumplimiento de indicadores de calidad, obligaciones de electrificación rural e inversiones aprobadas dentro del ingreso máximo permitido, entre otras disposiciones.
“La ley se tiene que cumplir, esté quien esté”, sostuvo.
Electrificación para 58 mil familias
Uno de los componentes de la reforma está relacionado con la ampliación de la cobertura eléctrica. De acuerdo con el secretario nacional de Energía, cerca del 5% de los hogares del país permanece sin electricidad, principalmente porque se encuentra fuera de las actuales zonas de concesión, en áreas de difícil acceso y consideradas poco rentables para las empresas.
“A nadie le interesa hacer una línea o una microrred a 30 kilómetros, metido en la selva o en un área de difícil acceso”, señaló.
Rodríguez indicó que el objetivo es que las empresas distribuidoras asuman una mayor responsabilidad en la expansión del servicio eléctrico, tomando en cuenta que cuentan con la capacidad técnica para desarrollar este tipo de infraestructura.
“El que sabe hacer distribución es el distribuidor”, afirmó.
La Oficina de Electrificación Rural y la Secretaría Nacional de Energía estarán a cargo de identificar las comunidades que requieren el servicio, mientras que la ASEP trasladará las obligaciones correspondientes a las empresas distribuidoras. La Oficina de Electrificación Rural continuará desarrollando sus funciones y proyectos.
Nuevas reglas para reclamos y sanciones
La propuesta también eleva a rango de ley la figura del interventor y establece mecanismos para que las distribuidoras cumplan, en determinados casos, con las disposiciones emitidas por la ASEP antes de recurrir a los tribunales.
Entre los casos contemplados se encuentran los reclamos por daños a aparatos eléctricos ocasionados por fluctuaciones de voltaje y los créditos derivados de sanciones que deben ser reconocidos en las facturas de los usuarios.
Contratos de energía a largo plazo
Otro de los cambios planteados busca fortalecer los mecanismos de contratación de energía y contribuir a una tarifa más competitiva.
Zelmar Rodríguez explicó que la reforma devuelve a las empresas distribuidoras la responsabilidad de realizar oportunamente las licitaciones para la compra de energía, mediante contratos que pueden extenderse por 10, 15 y hasta 20 años.
Según explicó, los contratos de largo plazo permiten obtener mejores condiciones de precio y cubrir el 100% de la demanda, reduciendo la necesidad de recurrir al mercado ocasional, donde los precios pueden ser más elevados.
Como referencia, mencionó las dos licitaciones realizadas en marzo, cuyos precios, según indicó, resultaron competitivos y se reflejan en la tarifa que pagan los usuarios.
A esta medida se suma la reducción de un punto porcentual en la prima incorporada a la tasa de rentabilidad que la ASEP establece para las empresas distribuidoras cada cuatro años, medida que, de acuerdo con la administradora, también contribuye a reducir el costo de la tarifa.
Rodríguez aclaró que el precio final de la electricidad también está sujeto a factores variables, como el costo del combustible, pero afirmó que las medidas contempladas en la reforma contribuirán a generar mejores condiciones para los consumidores.
ASEP cuestiona impacto de comercializadores independientes
Durante el programa, el secretario nacional de Energía también cuestionó que la incorporación de comercializadores independientes para clientes finales se traduzca necesariamente en una reducción de la factura eléctrica.
Rodríguez advirtió que podría producirse un proceso de “descreme” del mercado, debido a que estos actores podrían concentrarse en los grandes consumidores, mientras la mayoría de los clientes residenciales no recibiría los mismos beneficios.
Recordó que aproximadamente el 90% de los clientes del sistema eléctrico son residenciales y citó el caso de El Salvador, país de Centroamérica que cuenta con esta figura para clientes finales, pero que, según indicó, no registra una tarifa residencial inferior a la de Panamá.
La reforma a la Ley 6 se encuentra actualmente en discusión en la Asamblea Nacional y plantea cambios en materia de calidad del servicio, fiscalización, electrificación, contratación de energía y regulación de las empresas distribuidoras.
