Represión, amenazas, acoso, latigazos… Documentan el “clima de temor” talibán para activistas, periodistas y mujeres
Varias ONG presentan un informe con pruebas de numerosas y graves violaciones de derechos humanos en Afganistán.
Varias organizaciones no gubernamentales han podido documentar las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por los talibanes en Afganistán en las primeras cinco semanas tras la toma de Kabul, el pasado 15 de agosto, y que van desde latigazos a activistas de derechos humanos, hasta acoso a periodistas y represión de los derechos de las mujeres.
“Los talibanes no pierden el tiempo en acabar con los derechos humanos”, afirma Amnistía Internacional en un comunicado que acompaña al informe, denominado La caída de Afganistán en manos talibanes, elaborado por Amnistía Internacional, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT).
El texto recoge “ataques a defensores y defensoras de los derechos humanos casi a diario” y con búsqueda de activistas puerta a puerta. Es el caso de Mahmud -nombre ficticio-, quien ha logrado huir del país.
Mahmud recibió una llamada en la que le pedían que entregara los vehículos, el equipo y el dinero de su organización. Quien le llamaba sabía su nombre y le advirtió de que no tenía otra elección que cooperar. Después recibió más llamadas y mensajes de WhatsApp y llegaron las agresiones a dos compañeros de su ONG.
Las imágenes compartidas por uno de sus compañeros de trabajo, que Amnistía Internacional y un perito patólogo han verificado, muestran marcas de haber recibido azotes en la espalda y hematomas amarillentos en el brazo izquierdo de la víctima.
Amenazas
En el caso de la prensa, dos periodistas que trabajan en Kabul con las que ha podido hablar Amnistía Internacional han denunciado amenazas e intimidaciones. Así, Ayesha -nombre ficticio- ha huido de la capital tras recibir la advertencia de su medio de comunicación de que su vida estaba en peligro. Los talibanes visitaron a su familia tras su huida y la amenazaron después de informarles de que ya no se encontraba en casa.
Otra periodista, Aadila -nombre ficticio- ha descrito las dos primeras semanas de gobierno talibán como un periodo de miedo e incertidumbre. En un primer momento, había decidido quedarse en Afganistán y continuar con su trabajo, hasta que una noche los talibanes fueron a su casa y preguntaron por ella. Tras la insistencia de sus familiares, optó por dejar el país.
Abdul -nombre ficticio-, un periodista, explica que directores, periodistas y personal de medios de comunicación han recibido instrucciones de los talibanes de que solo podrían trabajar de acuerdo con lo establecido en la sharia y las normas y reglamentos islámicos.
“No he vuelto al trabajo desde la caída de la república. Los talibanes vinieron a mi casa varias veces, pero me escondí. Desde el momento de la caída, nuestra oficina permanece cerrada”, declara.
Represión de manifestaciones de mujeres
En el caso de las mujeres, muchas han empezado a utilizar el burka y no salen de casa si no es acompañadas de un hombre. Además han abandonado otras actividades para evitar violencia y represalias.
Sin embargo, y ante las múltiples amenazas a sus derechos, las mujeres han organizado protestas en todo el país, en muchas ocasiones reprimidas de forma violenta.
El 4 de septiembre, las fuerzas especiales talibanes dispersaron un centenar de mujeres que protestaban en Kabul efectuando disparos al aire y lanzando gas lacrimógeno, según las informaciones publicadas.
Nazir -nombre ficticio-, un defensor de los derechos humanos, explica a Amnistía Internacional que los talibanes golpearon brutalmente a su amigo Parwiz -ficticio- por asistir a una protesta por los derechos de las mujeres el 8 de septiembre.
“A Parwiz lo detuvieron durante las protestas a favor de las mujeres del 8 de septiembre. Lo torturaron brutalmente. Le rompieron el brazo. Se lo llevaron a comisaría. Cuando los talibán lo liberaron, le hicieron ponerse ropa nueva porque su ropa había quedado empapada de su propia sangre”, relata.
El 8 de septiembre, el Ministerio del Interior, actualmente bajo el control talibán, emitió la orden de prohibir todas las manifestaciones y reuniones en todo Afganistán “hasta que se codifique una política sobre manifestaciones”.
“La comunidad internacional no puede cerrar los ojos ante las violaciones que están cometiendo los talibanes. La adopción de medidas concretas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU no solo enviará el mensaje de que no se tolerará la impunidad, sino que también contribuirá a prevenir violaciones a una escala más amplia”, declaró por su parte la responsable de programas de la FIDH para Asia meridional, Juliette Rousselot.
“Esto debe ir de la mano del apoyo a la investigación en curso en el Tribunal Penal Internacional, a fin de garantizar la rendición de cuentas por los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra cometidos por todas las partes”, afirma.
Clima de temor
Además, las organizaciones firmantes del informe advierten de que el “clima imperante de temor”, la falta de conexión de telefonía móvil en muchas zonas y los cortes de Internet a manos de los talibanes hacen temer que la situación real sea mucho peor.
Las organizaciones alertan de que “los talibanes avanzan sin tregua en la destrucción de todo lo conseguido en materia de derechos humanos en los últimos veinte años” tras constatar la “profunda represión” impuesta por los islamistas tras ganar la guerra.
Así, reprochan a los talibanes que, a pesar de sus reiteradas promesas de que respetarían los derechos de la población afgana, se han constatado casos de homicidios selectivos de civiles y soldados que se habían rendido o el bloqueo de la ayuda humanitaria en el valle de Panjshir, último reducto de la resistencia antitalibán. Estos actos, recuerdan, “constituyen crímenes de derecho internacional”.
“Hemos presenciado ya una oleada de violaciones, desde ataques de represalia y restricciones a las mujeres, a la represión de protestas, los medios de comunicación y la sociedad civil”, declaró la directora adjunta de Amnistía Internacional para Asia meridional, Dinushika Dissanayake.
“El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe crear un mecanismo fuerte e independiente cuyo mandato sea documentar, recoger y conservar pruebas de los crímenes de derecho internacional y otras graves violaciones de Derechos Humanos que se están cometiendo en todo Afganistán”, planteó Dissanayake.
EUROPA PRESS
