Se investiga crimen de especie amenazada en San Carlos
Desde la comunidad de San Carlos reportaron ante el personal de la sección de Áreas Protegidas y Biodiversidad del Ministerio de Ambiente Panamá Oeste el hallazgo del cadáver de un babillo, el cual se ubicaba en una cuneta cercana al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN). El cocodrilo presentaba diversas heridas y cortes en sus extremidades, cabeza y cola.
Un testigo aseguró saber quién había ocasionado la muerte del animal, por esta razón se coordinaron acciones con el Juez de Paz de San Carlos; sin embargo hasta el momento se desconoce el paradero del presunto responsable.
Por su parte, Zuleyla Toribio Madrigal, bióloga de la sección de área protegida y Biodiversidad, dijo que se trataba de un babillo (Caiman crocodilus) de 0.90 metros de longitud que se encontraba en proceso de descomposición.
Detalló además, que la persona que causó la muerte del reptil, cometió una contravención de las disposiciones de la Ley 24 del 7 junio de 1995 y un delito, por utilizar medios atroces para acabar con la vida del ejemplar que es considerado una especie amenazada.
Como medida sanitaria, se realizó el traslado del reptil para ser sepultado en un área adecuada y apartada del asentamiento humano, en coordinación con los guardaparques de Área Protegida Manglares Bahía de Chame, indicó Toribio.
El babillo (Caiman crocodilus) se encuentra en estado “Vulnerable” de extinción, esto contemplado en la Resolución N° DM-0657-2016, “Por la cual se establece el proceso para la elaboración y revisión periódica del listado de las especies de fauna y flora amenazadas de Panamá, y se dictan otras disposiciones” (G.O. 28187-A).
Lo anterior significa que la especie está enfrentando un riesgo de extinción alto en estado silvestre, debido a la mortalidad por el conflicto de los seres humanos con estas especies por la caza de animales de corral) y la expansión de las diferentes actividades antrópicas cercanas a los recursos hídricos, la actividad ganadera, expansión de tierras agrícolas, entre otros.
En estos casos el Ministerio de Ambiente levanta un proceso administrativo. De encontrarse un culpable, la entidad puede elevarlo a la esfera penal.
