Contraloría emite directrices para una transición ordenada
Panamá, 09 de mayo de 2024.- Debido a que el 1 de julio próximo, el nuevo presidente de la República, ministros, viceministros, gerentes generales, administradores, directores y alcaldes asumirán sus funciones, la Contraloría General de la República emitió una serie de directrices para asegurar el traspaso de poderes en las instalaciones públicas de forma transparente y sin problemas.
Luego de la primera reunión del presidente de la República, Laurentino Cortizo, con el presidente electo José Raúl Mulino, se informó que la transición comenzará el 3 de junio.
Entrega de despachos
Según un comunicado de la Contraloría, para garantizar una transición eficiente, los funcionarios de las unidades de Auditoría Interna y Dirección Administrativa de las instituciones públicas serán responsables de supervisar el traspaso de los despachos de los titulares salientes a sus homólogos entrantes. Este proceso se llevará a cabo utilizando el modelo de acta y sus anexos proporcionado a cada entidad.
En el caso de las Juntas Comunales, los colaboradores de Auditoría Interna y Dirección Administrativa del municipio correspondiente realizarán el traspaso del despacho y deberán remitir copia de la documentación sustentadora a la oficina de Fiscalización del Municipio en un plazo máximo de dos días hábiles después de la entrega.
Pago de pasivos laborales
Agrega la nota que, cada entidad pública debe adoptar medidas que garanticen el pago de vacaciones y otros pasivos laborales a los titulares que terminen su gestión el 30 de junio de 2024. Para esto, las instituciones deben gestionar los recursos presupuestarios necesarios ante el Ministerio de Economía y Finanzas, garantizando que se imputen a la partida correspondiente.
La Contraloría General supervisará la correcta ejecución y fiscalización de estos pagos para asegurar su conformidad con la normativa.
Fiscalización y servicios de telefonía celular
La documentación sustentadora de los pagos de pasivos laborales deberá ser presentada a las oficinas de fiscalización a partir del 3 de junio de 2024. Además, el uso de teléfonos celulares debe ajustarse a los límites contratados según el Artículo 304 de las Normas Generales de Administración Presupuestaria. Cualquier exceso en el uso de estos servicios deberá ser cancelado por el usuario antes del pago de sus prestaciones económicas pendientes.
La Contraloría General de la República reitera su compromiso con una transición transparente y eficiente, asegurando que estas medidas contribuirán a un cambio de gobierno ordenado y en beneficio de todas las instituciones y la ciudadanía.