MINSA prohíbe exigir certificados de salud mental para empleo y estudios en Panamá
Panamá, 18 de abril de 2026.- El Ministerio de Salud de Panamá (MINSA) estableció la prohibición de solicitar certificados de salud mental como requisito para trámites laborales o académicos en todo el territorio nacional, mediante la Circular No. 083/DGSP, vigente desde el 15 de abril de 2026.
La disposición instruye a universidades públicas y privadas, empleadores e instituciones en general a cesar de forma inmediata la exigencia de estos documentos en procesos de ingreso, matrícula, contratación, ascensos o renovaciones contractuales.
De acuerdo con la circular, firmada por la directora general de Salud Pública, Yelkys Gill Mojica, la medida se sustenta en la Ley No. 364 de 2023 y el Decreto Ejecutivo No. 61 de 2024, normativas que reconocen la salud mental como un derecho humano fundamental y garantizan la confidencialidad de las personas.
El MINSA argumenta que el uso generalizado de certificados de salud mental con fines administrativos carece de valor predictivo. Un informe técnico adjunto destaca que una evaluación puntual no permite determinar la honestidad, el desempeño laboral ni la idoneidad moral de una persona.
Asimismo, la entidad subraya la aplicación del principio de presunción de capacidad, el cual establece que toda persona debe ser considerada apta, salvo en casos excepcionales donde se requieran evaluaciones específicas por la naturaleza de funciones de alto riesgo, debidamente justificadas.
La autoridad sanitaria también advirtió que la demanda innecesaria de estos certificados sobrecarga la red de servicios especializados, desviando recursos y atención de pacientes que requieren intervención clínica prioritaria.
El MINSA precisó que solo se podrá solicitar una evaluación de salud mental cuando exista una actividad de riesgo elevado, conforme a los criterios establecidos en el artículo 39 del Decreto Ejecutivo No. 61 de 2024.
Finalmente, la institución ordenó a todas las entidades públicas y privadas revisar y actualizar sus reglamentos internos, formularios y procesos de admisión para eliminar de manera permanente este requisito, garantizando que el acceso al empleo y la educación no esté condicionado al estado de salud mental de los ciudadanos.
